La inquietud expresada por el alcalde Mauricio Tabe respecto a la posible fijación de topes en los precios de renta en la Ciudad de México abre un debate crucial sobre el futuro del mercado inmobiliario en la capital. Su argumento central, que compartimos muchos, radica en la creencia de que una intervención tan directa en el mercado, lejos de solucionar la gentrificación, podría agravarla. ¿Por qué? Porque desincentiva la inversión en el sector inmobiliario, crucial para aumentar la oferta de vivienda y, en última instancia, estabilizar o incluso reducir los precios. La experiencia en otras ciudades del mundo ha demostrado que los controles de precios pueden generar escasez, mercado negro y un deterioro en la calidad de las viviendas disponibles.

Tabe señala acertadamente la existencia de un mecanismo ya establecido para controlar el incremento de las rentas, que las vincula a la inflación. Este sistema, si bien perfectible, ofrece un punto de partida más sensato que la imposición de topes arbitrarios, que podrían distorsionar el mercado y perjudicar tanto a propietarios como a inquilinos a largo plazo.

La crítica del alcalde a la creación de una Defensoría del Inquilino, por considerarla una medida que podría proteger a "morosos" e "invasores", también merece ser analizada. Si bien es fundamental proteger los derechos de los inquilinos, es igualmente importante garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un ambiente de confianza que incentive la inversión. Un desequilibrio en este delicado balance podría desalentar la construcción de nuevas viviendas y exacerbar la escasez, precisamente lo contrario de lo que se busca.

La preocupación por la falta de certeza jurídica en el mercado inmobiliario es un tema recurrente y justificado. La inversión en el sector requiere de reglas claras y estables que protejan tanto a los desarrolladores como a los consumidores. Iniciativas que generen incertidumbre, como la posible fijación de topes a las rentas, pueden ahuyentar la inversión y agravar la problemática de la vivienda.

Es fundamental recordar que la construcción de vivienda no es simplemente un negocio, sino un motor de desarrollo económico y social. Genera empleos, impulsa la economía local y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Criminalizar la inversión inmobiliaria, como sugiere Tabe que ha ocurrido en el pasado, es un error estratégico que perjudica a todos.

La solución a la gentrificación, como bien apunta el alcalde, no radica en la intervención directa en el mercado, sino en la creación de un entorno favorable a la inversión. Facilitar el acceso al crédito, promover la formalidad y generar certeza jurídica son medidas mucho más efectivas para aumentar la oferta de vivienda y, en consecuencia, moderar los precios. En lugar de buscar soluciones simplistas y potencialmente contraproducentes, es necesario abordar el problema de la vivienda con una visión integral y a largo plazo, que promueva el desarrollo sostenible del mercado inmobiliario. Es un debate complejo que requiere de la participación de todos los actores involucrados, con el objetivo común de construir una ciudad más justa y habitable para todos.