La controversia generada por la sentencia contra Karla Estrella ha puesto sobre la mesa un debate crucial para la salud democrática de nuestro país: ¿dónde trazamos la línea entre la protección legítima contra la violencia política de género y el inicio de la censura? La declaración de la presidenta Sheinbaum, afirmando que "el poder es humildad, no soberbia", resuena con fuerza en este contexto, cuestionando la pertinencia de una disculpa pública forzada durante 30 días.

El caso de Estrella, obligada no solo a retractarse públicamente durante un mes, sino también a inscribirse en un registro de sancionados, pagar una multa y tomar cursos de género por un simple tuit, nos obliga a reflexionar sobre la proporcionalidad de la respuesta judicial. ¿Es realmente esta la medida adecuada para un comentario en redes sociales, o estamos presenciando un uso desmedido del poder judicial para controlar el discurso público? No se trata de minimizar la importancia de combatir la violencia política de género, sino de cuestionar si este tipo de sanciones, con tintes de escarmiento público, son el camino correcto. Se corre el riesgo de crear un efecto disuasorio que inhiba la participación ciudadana y la crítica legítima hacia figuras públicas.

Más allá del caso de Estrella, observamos una preocupante tendencia a judicializar la crítica política. Ejemplos como el de Laisha Wilkins, requerida judicialmente por una irónica respuesta a un titular, o el del columnista Héctor de Mauleón, censurado por cuestionar los vínculos familiares de una candidata, pintan un panorama inquietante. Estos casos, sumados a las acciones de tribunales electorales locales que han ordenado la censura de columnas periodísticas e incluso la localización de domicilios de ciudadanos por sus comentarios en línea, nos hacen preguntarnos si estamos caminando hacia una democracia donde la libertad de expresión se ve coartada por el temor a represalias judiciales.

El informe de Artículo 19, que revela que un porcentaje significativo de los procesos contra periodistas en 2024 se escudaron en denuncias por violencia política de género, refuerza la idea de que esta figura legal, concebida para proteger a las mujeres en la política, se está utilizando para silenciar voces críticas. Si bien es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito político y protegerlas de la violencia, es igualmente crucial preservar la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia. No podemos permitir que la lucha contra la violencia política de género se convierta en un instrumento para blindar a figuras públicas de la crítica y el escrutinio ciudadano.

El argumento de que la diputada Diana Karina Barreras fue víctima de violencia simbólica al ser señalada como beneficiaria del poder de su esposo, abre otro frente de debate. Si bien la afirmación puede ser discutible o incluso impertinente, ¿justifica una respuesta institucional que limite la libertad de expresión? El debate público, por naturaleza, es un espacio donde se confrontan ideas, a veces de manera áspera y polémica. No podemos aspirar a un debate público aséptico y libre de fricciones. La respuesta a las ideas que nos incomodan no puede ser la censura, sino más debate, más argumentos y más ideas.

El peligro radica en convertir una causa justa, como la erradicación de la violencia política de género, en un mecanismo para controlar el discurso y proteger a figuras políticas de la crítica legítima. Como bien señala el magistrado Felipe de la Mata, el periodismo goza de presunción de licitud y debe ser protegido, incluso cuando expresa opiniones controvertidas. De lo contrario, nos adentramos en un terreno peligroso donde la justicia se convierte en censura y la democracia se ve amenazada por la sombra de la autocensura y el miedo a expresar opiniones disidentes. La reflexión es urgente: ¿queremos una democracia donde el poder judicial determine qué podemos y qué no podemos decir?