La polémica desatada por la remoción del Monumento Encuentro, que representa a las figuras de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, en el Jardín Tabacalera, continúa generando tensiones en la Ciudad de México. Las declaraciones del secretario de Gobierno, César Cravioto, arrojan luz sobre la complejidad del asunto, poniendo en evidencia no solo la falta de procedimientos administrativos adecuados por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, sino también la posible influencia de agendas políticas en la controvertida decisión.

Cravioto ha sido enfático al señalar que la alcaldía, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, actuó unilateralmente al retirar el monumento sin la autorización previa del Comité de Monumentos y Obras Artísticas de la Ciudad de México. Este comité, encargado de velar por la preservación del patrimonio artístico y cultural de la capital, es la instancia responsable de autorizar cualquier intervención sobre monumentos públicos, incluyendo su remoción o reubicación. La omisión de este paso crucial por parte de la alcaldía no solo representa una irregularidad administrativa, sino que también pone de manifiesto una preocupante falta de respeto por los procesos institucionales.

La justificación inicial de la alcaldía, basada en la supuesta falta de documentación del monumento, ha sido refutada por el propio Cravioto, quien afirma que los permisos necesarios sí existían. Esta contradicción alimenta las sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la remoción, apuntando hacia un posible intento de generar controversia y obtener réditos políticos. La reciente participación de Rojo de la Vega en un foro de organizaciones de derecha, mencionada por Cravioto, añade otra capa de complejidad al asunto, sugiriendo una posible influencia ideológica en la decisión.

Más allá de la controversia política, la remoción del Monumento Encuentro plantea importantes interrogantes sobre el uso del espacio público y la memoria histórica. La presencia de figuras como Fidel Castro y el “Che” Guevara, indudablemente controvertidas, genera un debate sobre la pertinencia de su conmemoración en un espacio público. Si bien algunos sectores de la sociedad pueden considerarlas figuras representativas de la lucha social y la revolución, otros las ven como símbolos de regímenes autoritarios y violaciones a los derechos humanos. Este debate, lejos de ser trivial, nos obliga a reflexionar sobre cómo abordamos nuestro pasado y qué narrativas históricas decidimos privilegiar en el espacio público.

La crítica social a la que se ha enfrentado la alcaldesa Rojo de la Vega, como consecuencia de la remoción del monumento, refleja la inconformidad de una parte de la ciudadanía con la forma en que se tomó la decisión. La falta de diálogo y la aparente priorización de la espectacularidad sobre la prudencia y el respeto a los procedimientos establecidos han generado un rechazo generalizado. Este episodio sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan el espacio público y la memoria colectiva.

Ahora, la Ciudad de México se encuentra ante el desafío de encontrar una solución que respete la legalidad, promueva el diálogo y considere las diversas perspectivas sobre el significado del Monumento Encuentro. La reubicación de las figuras, como ha sugerido Cravioto, podría ser una vía para conciliar las diferentes posturas y evitar que la controversia escale aún más. Sin embargo, es fundamental que este proceso se lleve a cabo con la participación de la ciudadanía y con el apego a las normas y procedimientos establecidos, garantizando así una solución justa y democrática.