El caso de la joven estudiante de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto en Pijijiapan, Chiapas, ha sacudido a la comunidad educativa y ha puesto en evidencia, una vez más, la preocupante realidad del acoso y hostigamiento sexual dentro de las instituciones escolares. La valentía de esta joven al denunciar públicamente a su agresor durante la ceremonia de clausura, después de más de un año y medio de silencio e indiferencia por parte de las autoridades, nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestras estudiantes y la urgente necesidad de implementar protocolos efectivos que garanticen su seguridad y bienestar.

La abogada de la víctima, Laura Wong, describe un patrón de acoso que, lamentablemente, se repite con frecuencia en estos casos. Comienza con sutiles acercamientos, una atención excesiva por parte del profesor, conversaciones fuera del ámbito académico, una insistencia que traspasa los límites profesionales. Cuando la joven, percibiendo la incomodidad de la situación, intenta tomar distancia, el agresor reacciona victimizándose, interrogando a sus compañeros sobre el comportamiento de la estudiante, creando un ambiente de hostilidad a su alrededor.

Es desgarrador saber que la joven presentó una queja ante las autoridades escolares el año pasado, pero fue ignorada, desacreditada, invisibilizada. La falta de respuesta por parte de la institución no solo permitió que el acoso continuara, sino que agravó el sufrimiento de la víctima, sometiéndola a una "violencia institucional" que se manifestó en malas caras, rumores, aislamiento y hostigamiento por parte de compañeros y profesores. Este tipo de complicidad y silencio por parte de la comunidad educativa es tan reprobable como el acto de acoso en sí mismo y contribuye a la normalización de estas conductas aberrantes.

La situación llegó a tal punto que la joven contempló abandonar sus estudios, una decisión extrema que refleja el impacto devastador del acoso en la vida académica y emocional de las víctimas. Si bien la Fiscalía de la Mujer le brindó protección, patrullando los alrededores de su casa y escuela, la declaración del fiscal general Jorge Llaven de que la denuncia fue "retomada" gracias a las redes sociales deja entrever una cierta pasividad por parte de las autoridades. ¿Hubiera sido el caso igualmente atendido si no se hubiera viralizado en internet? La pregunta queda en el aire.

La remoción del presunto agresor del plantel es un primer paso, aunque tardío, hacia la justicia. Sin embargo, es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se apliquen las sanciones correspondientes. El caso de esta joven no debe quedar impune, debe servir como un llamado a la acción para que las autoridades educativas y judiciales tomen medidas concretas para prevenir, atender y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en las escuelas.

La lucha de esta joven es un ejemplo de coraje y resiliencia, y su voz se suma a la de muchas otras víctimas que exigen un cambio real. Es responsabilidad de todos, como sociedad, construir un entorno seguro y respetuoso para nuestras estudiantes, donde puedan desarrollarse plenamente sin miedo a ser acosadas o hostigadas.