La integridad electoral, ese pilar fundamental de la democracia, se encuentra en un punto de inflexión. El exhaustivo análisis del Electoral Integrity Project (EIP) sobre los comicios de 2024, un año que batió récords de participación con más de 1,652 millones de votos emitidos a nivel mundial, nos revela un panorama complejo y preocupante. Si bien no se observa una tendencia global clara de mejora o deterioro en la calidad electoral durante los últimos 13 años, el estancamiento actual esconde una realidad alarmante: los avances en algunos países se ven neutralizados por retrocesos en otros. Es como una carrera donde, por cada paso adelante, damos otro atrás, impidiéndonos avanzar realmente hacia una democracia más sólida y representativa.

El informe del EIP, basado en la invaluable expertise de académicos locales en cada país analizado, enciende focos rojos al destacar que 33 países experimentaron un retroceso en sus niveles de integridad electoral en 2024. Las sombras de la politización de los organismos electorales, las restricciones al acceso al voto, la manipulación de distritos, el uso indebido de recursos públicos y la desinformación masiva se ciernen sobre estos procesos, poniendo en jaque la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados. No podemos permitir que estas prácticas se normalicen, convirtiéndose en una amenaza constante para la salud de nuestras democracias.

Resulta paradójico, y a la vez revelador, que la antigüedad de una democracia no sea garantía de una mayor integridad electoral. El caso del Reino Unido, con la introducción del requisito de identificación con fotografía, ilustra cómo incluso en democracias consolidadas se pueden erigir barreras al ejercicio del voto, afectando especialmente a jóvenes, personas mayores y minorías étnicas. Es una llamada de atención sobre la necesidad de una vigilancia constante y una defensa férrea de los derechos electorales, sin importar el contexto político.

En el otro lado de la balanza, Ghana emerge como un ejemplo de progreso, demostrando que la mejora es posible incluso en contextos de alta competencia política. La organización ejemplar de las elecciones, la alta participación y las mejoras en la administración electoral son un testimonio del compromiso de este país con la integridad y la transparencia de sus procesos democráticos. Ghana nos inspira y nos recuerda que la voluntad política y la implementación de medidas concretas pueden marcar la diferencia.

El informe del EIP pone el dedo en la llaga al señalar las debilidades persistentes en el financiamiento de campañas y el entorno mediático. La opacidad, la desproporción en el acceso a los recursos y el sesgo informativo siguen siendo terreno fértil para la manipulación y la desinformación. A esto se suma la desinformación digital, una nueva amenaza que se propaga a una velocidad vertiginosa, contaminando al menos 8 de cada 10 elecciones monitoreadas. Enfrentar este desafío requiere un esfuerzo conjunto de las autoridades, los medios de comunicación, las plataformas digitales y la sociedad civil.

La defensa de la integridad electoral no es una tarea exclusiva de las autoridades; es una responsabilidad compartida que nos compete a todos. Desde las funcionarias electorales honestas hasta los jueces comprometidos, desde los periodistas valientes hasta las ciudadanas que vigilan las casillas, desde los jóvenes que debaten en las aulas hasta cada individuo que ejerce su derecho al voto de manera informada y responsable, todos somos actores clave en la construcción de una democracia sólida y legítima. Hoy más que nunca, debemos unir fuerzas para proteger la integridad electoral, el corazón palpitante de la democracia.