La tensión entre México y Estados Unidos ha alcanzado un punto álgido. Las acusaciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, sobre la corrupción del gobierno mexicano y la supuesta colaboración de la presidenta con el narcotráfico han encendido la mecha de una disputa pública que amenaza con escalar. Estas declaraciones, que califican a la presidenta como "el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante", se suman a las previas críticas de Claudia Sheinbaum sobre la incongruencia de Donald Trump al negociar con el hijo del Chapo, a pesar de haber designado al cártel como una organización terrorista.

La exigencia de "respeto, colaboración y coordinación" entre ambos países, expresada por la ahora presidenta, se ve empañada por el recuerdo del caso del General Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, extraditado, liberado y posteriormente condecorado en México. Este episodio, utilizado por la defensa de Guzmán para cuestionar la legitimidad de la cooperación legal, subraya la complejidad y las contradicciones que marcan la relación bilateral. La demanda por difamación interpuesta por la presidenta contra Lichtman, un delito ya derogado, añade otro capítulo a esta historia de desencuentros.

Las incendiarias declaraciones de Donald Trump, afirmando que "los cárteles tienen controles muy fuertes sobre México" y que "las autoridades mexicanas están aterradas", reavivan las tensiones y alimentan la percepción de un país sometido al control del crimen organizado. Si bien estas acusaciones no son nuevas, su reiteración en el contexto actual agrava la crisis de confianza y erosiona la imagen de México en el escenario internacional.

Es innegable el avance del crimen organizado en el país y su preocupante relación con la clase política, particularmente dentro del partido gobernante. La promesa de "abrazos, no balazos" se ha convertido en un símbolo de impunidad, ejemplificada por la liberación de Ovidio Guzmán tras su captura en 2019 y el saludo a su abuela por parte del entonces presidente. Diversos casos, como el de la exalcaldesa morenista negociando con "Los Ardillos" en Guerrero, el exsubsecretario de Estado ofreciendo mediación con grupos criminales, y gobernadores implicados en escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, demuestran la penetración del crimen organizado en las esferas del poder.

Los decomisos de drogas y huachicol, ampliamente publicitados por Omar García Harfuch, no son suficientes para ocultar la profunda conexión entre el régimen y estos grupos delictivos. La reciente orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y mano derecha de Adán Augusto López, vinculado al grupo criminal "La Barredora" y presuntamente respaldado por el Cártel de Sinaloa, es una muestra más de esta preocupante realidad.

Mientras la clase política oficialista se enfoca en defender a sus miembros, el gobierno estadounidense continúa presionando a México, incrementando los aranceles al jitomate mexicano en un 17%. El desgaste político de la presidenta es evidente, a pesar de los esfuerzos por mantener una imagen de popularidad. La ausencia de figuras clave en las relaciones exteriores, como Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma, añade incertidumbre al panorama.

México se encuentra en una encrucijada. La impunidad rampante, la falta de voluntad política y las complicidades en las altas esferas del poder ponen en riesgo la seguridad nacional y erosionan la credibilidad del Estado. La abundancia de leyes no sirve de nada si no se aplican con firmeza y transparencia. La crisis exige un cambio de rumbo, una apuesta decidida por la justicia y el Estado de derecho. El futuro del país depende de ello.