La extorsión, una sombra que se cierne sobre la tranquilidad de miles de mexicanos, ha sido reconocida como un desafío persistente por las autoridades. A un año de la gestión de Claudia Sheinbaum, la lucha contra este flagelo se intensifica con un nuevo plan estratégico que busca desarticular las redes criminales que operan desde las calles hasta los centros penitenciarios. El cobro del "derecho de piso", una práctica que ahoga el comercio y la vida cotidiana, es el objetivo principal de esta iniciativa.

El Mando Unificado Oriente, establecido en el Estado de México, se presenta como la punta de lanza de esta estrategia nacional. La colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno mexiquense, liderado por Delfina Gómez, busca romper las barreras geográficas que a menudo dificultan la persecución de estos delitos. Compartir inteligencia, coordinar operativos y, sobre todo, acercarse a la ciudadanía, son los pilares de este nuevo enfoque. La meta es clara: desmantelar la estructura que sustenta la extorsión, no solo perseguir a los individuos, sino atacar el corazón del problema.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha enfatizado la importancia de la paz y la seguridad como ejes centrales de este esfuerzo. Se busca no solo reaccionar ante los incidentes, sino anticiparse y prevenirlos, construyendo un ambiente de confianza donde la denuncia sea una herramienta eficaz.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión va más allá de la coordinación interinstitucional. Se ha habilitado el número 089, una línea telefónica a nivel nacional que recibe denuncias de forma anónima y segura, empoderando a la ciudadanía a participar activamente en la lucha contra este delito. Se trata de tender un puente entre la población y las autoridades, rompiendo el muro de silencio que a menudo protege a los extorsionadores.

Además, se implementarán operativos en los Centros de Reinserción Social, enfocándose en el control de los dispositivos telefónicos que, en muchos casos, son la herramienta principal para perpetrar las extorsiones desde el interior de las prisiones. Esta medida busca cortar de raíz una de las fuentes principales del problema, limitando la capacidad de los reclusos para operar estas redes criminales.

La atención se centra en ocho entidades federativas: Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y, por supuesto, el Estado de México, donde se inicia la operación del Mando Unificado Oriente. Estas regiones, identificadas como puntos críticos en la incidencia de extorsiones, serán objeto de una atención especial, con recursos y estrategias adaptadas a sus contextos específicos.

El camino por recorrer es largo y complejo. La extorsión es un delito arraigado que se nutre del miedo y la impunidad. Sin embargo, con la implementación de esta nueva estrategia, se da un paso firme hacia la construcción de un país más seguro. La coordinación entre autoridades, la participación ciudadana y la innovación en las tácticas de seguridad son las claves para enfrentar este desafío y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas. La esperanza es que, con el tiempo, la sombra de la extorsión deje de ser una amenaza constante y se convierta en un recuerdo del pasado.