La aparente impunidad que rodea a la familia Romero Calzada en San Luis Potosí tras la balacera en el bar Sala de Despecho despierta serias interrogantes sobre el estado de derecho en la entidad. ¿Acaso la influencia política y económica del exdiputado “Tecmol” es suficiente para silenciar las investigaciones y evadir las consecuencias de los actos violentos presuntamente protagonizados por su hijo Damián? La falta de detenidos y la ausencia de denuncias formales, a pesar de los testimonios que señalan a Damián Romero como el iniciador de la trifulca, pintan un panorama preocupante. La clausura del establecimiento por parte de Protección Civil parece una medida superficial que no aborda el problema de fondo: la posible implicación de una figura políticamente conectada en un acto de violencia.

Este incidente no es un hecho aislado. Se suma a un largo historial de escándalos protagonizados por José Luis Romero Calzada, incluyendo agresiones a periodistas, altercados públicos y amenazas. La sombra de la impunidad se extiende también sobre las acusaciones de robo de combustible y lavado de dinero que en 2019 llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera a congelar sus cuentas y las de sus empresas. A pesar de la gravedad de estos señalamientos, y del rechazo a los amparos interpuestos, "Tecmol" no ha enfrentado consecuencias penales. ¿Cómo es posible que una figura con este historial continúe activa en la política y, más aún, alineada con el partido gobernante en el estado?

La coincidencia de la afiliación política de padre e hijo al mismo partido que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no puede pasarse por alto. El silencio del gobernador ante este nuevo escándalo alimenta la sospecha de una posible protección política. La afirmación de la Fiscalía estatal sobre la apertura de una carpeta de investigación, sin que se hayan presentado denuncias formales, suena a un mero trámite burocrático, una simulación de justicia. La percepción generalizada es que en San Luis Potosí, la justicia opera bajo el amparo del poder político, y que el partido en el gobierno se protege a sí mismo, incluso cuando hay balazos de por medio.

La situación se agrava aún más con la destitución de Leobardo Orihuela como comisionado estatal de búsqueda de personas desaparecidas y la imposición de Israel Mendoza, una decisión tomada sin consultar a los colectivos de familiares y al Consejo Ciudadano de Búsqueda. Este acto de autoritarismo por parte del gobernador Gallardo no solo ignora las prioridades federales en materia de derechos humanos, sino que también representa una grave ofensa para las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos. La falta de transparencia y la imposición de un nuevo titular sin el consenso de la sociedad civil demuestran un desprecio por el dolor de las víctimas y una preocupante falta de compromiso con la justicia y la verdad. En San Luis Potosí, parece que las prioridades del gobernador están lejos de las necesidades reales de la población, especialmente de aquellas familias que claman por justicia y por el derecho a saber qué ha pasado con sus desaparecidos. El estado se convierte así en un reflejo de la impunidad y la desatención a los derechos humanos, un escenario donde el poder político se impone sobre la justicia y la verdad.

La situación en San Luis Potosí exige una profunda reflexión sobre el funcionamiento del sistema de justicia y la influencia del poder político en las instituciones. ¿Hasta cuándo prevalecerá la impunidad? ¿Cuándo se escuchará el clamor de las víctimas y se les garantizará el acceso a la justicia? Estas son las preguntas que resuenan en un estado sumido en la sombra de la duda y la incertidumbre.