La tensión comercial entre México y Estados Unidos se cierne como una sombra sobre dos gigantes agrícolas: el tomate y el ganado en pie. Miles de millones de dólares y el sustento de innumerables familias penden de un hilo, mientras la próxima semana se define el futuro de estas cadenas alimentarias. Más allá de las justificaciones sanitarias y las acusaciones de dumping, un aroma político impregna el aire, enrareciendo aún más un panorama ya de por sí complejo.

La firme postura de la presidenta Sheinbaum, quien ha declarado que no cederá ante presiones, refleja la determinación de México de proteger a sus productores. Sin embargo, la urgencia de la situación exige soluciones concretas y rápidas. El tiempo corre en contra de los agricultores, quienes ven con preocupación cómo la incertidumbre amenaza su sustento.

En el caso del tomate, la imposición de una cuota compensatoria del 17.09% por parte del Departamento de Comercio estadounidense golpea directamente al consumidor norteamericano. Resulta prácticamente imposible sustituir, en el corto plazo, el 90% del tomate que Estados Unidos importa de México. Este dato, por sí solo, revela la fragilidad del argumento estadounidense y refuerza la sospecha de una motivación política orquestada por los productores de Florida, con el respaldo del ala trumpista del Congreso.

La búsqueda de mercados alternativos para el tomate mexicano no es una tarea sencilla. Las complejidades logísticas, las rigurosas exigencias fitosanitarias y la red de acuerdos comerciales preexistentes hacen del mercado estadounidense el destino natural y, por mucho, el más rentable para los productores mexicanos. Intentar diversificar las exportaciones en un abrir y cerrar de ojos es una quimera, una solución irrealizable ante la inminencia de la crisis.

El panorama para el ganado en pie no es menos preocupante. Justo cuando la frontera comenzaba a reabrirse tras los avances en el combate contra el gusano barrenador, un nuevo caso detectado en Veracruz ha frenado en seco el comercio. Las sospechas de motivaciones políticas, apuntando incluso hacia Washington, añaden otra capa de complejidad a un escenario ya de por sí delicado.

La amenaza de un arancel general del 30% a las exportaciones mexicanas, bajo el pretexto de la migración y la seguridad, no hace más que confirmar la utilización de la presión comercial como herramienta electoral. Esta estrategia, ajena al espíritu del libre comercio y la integración de América del Norte, exige una respuesta contundente por parte de México.

La reunión de la próxima semana no puede ser un simple intercambio de tecnicismos. Se requiere una estrategia integral de diplomacia agroalimentaria, una voz unificada del gobierno mexicano y una defensa férrea del T-MEC. Es crucial que Marcelo Ebrard y Julio Berdegué, no solo como interlocutores, sino como auténticos defensores de los intereses nacionales, impulsen una visión compartida de cadenas binacionales eficientes, basadas en la cooperación y la corresponsabilidad. El futuro de la agricultura mexicana, y la estabilidad de la relación bilateral, dependen de la firmeza y la inteligencia con la que se afronte este desafío.