La sombra del huachicol se extiende sobre Coahuila. Una serie de operativos federales ha sacudido al estado, revelando una red de distribución ilegal de combustibles de una magnitud insospechada. No hablamos de pequeños hurtos, sino de una operación a gran escala, con millones de litros de gasolina desviados del mercado legal, una logística compleja y una red de distribución que podría extender sus tentáculos a estados vecinos. El hermetismo oficial alimenta las especulaciones, creando un clima de incertidumbre en el sector gasolinero.

Las imágenes hablan por sí solas: estaciones de servicio clausuradas, bombas despachadoras selladas, la presencia imponente de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en las calles. Saltillo y Torreón, dos de las principales ciudades del estado, se han convertido en el epicentro de esta batalla contra el huachicol. La escena se repite: autoridades federales irrumpiendo en gasolineras, tomando muestras de combustible, imponiendo sellos de clausura, mientras los abogados de los establecimientos observan impotentes, argumentando en vano la legalidad de sus operaciones.

La magnitud de los decomisos es abrumadora. 15 millones 480 mil litros de combustible asegurados en 129 carrotanques. Cifras que superan cualquier precedente en la lucha contra el robo de combustible en lo que va del sexenio. Y esto sin contar los 2 millones de litros adicionales decomisados en otro operativo en Saltillo, donde además se detuvo a 11 personas y se confiscó equipo especializado para el manejo y trasiego de gasolina: bombas industriales, ferrotanques, pipas… Un arsenal logístico que revela la sofisticación de esta red criminal.

¿Cómo pudo operar una red de esta magnitud durante tanto tiempo sin ser detectada? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué ramificaciones tiene esta organización criminal? Estas son las preguntas que resuenan en Coahuila y en todo el país. La ubicación estratégica del estado, en la ruta de abastecimiento hacia Nuevo León, Tamaulipas y la frontera norte, lo convierte en un punto clave para el tráfico de combustibles. La posibilidad de que esta red se extienda a otras entidades es una hipótesis que las autoridades no descartan.

La incertidumbre se extiende entre los empresarios gasolineros. La presencia constante de la GN y el Ejército en las calles, los patrullajes, las supervisiones técnicas, crean un clima de tensión. El silencio oficial, la falta de información detallada sobre las investigaciones, alimenta las especulaciones y los rumores.

El caso Coahuila se convierte en un parteaguas en la lucha contra el huachicol en el norte del país. La expectativa es grande. Se esperan nuevas acciones judiciales, más detenciones, y sobre todo, respuestas. Respuestas que aclaren la magnitud de esta red criminal, sus conexiones, y las medidas que se tomarán para desmantelarla por completo. Mientras tanto, las estaciones clausuradas permanecen bajo resguardo, como mudos testigos de una batalla que apenas comienza. La guerra contra el huachicol en Coahuila ha entrado en una nueva fase.