La sombra de la extorsión se extiende sobre los campos de Durango, asfixiando el sustento de los productores agropecuarios de Gómez Palacio, Lerdo y municipios vecinos. Desde hace meses, los agricultores y ganaderos de la región viven bajo el yugo del crimen organizado, enfrentando a plena luz del día el cobro de piso y amenazas constantes. Un clima de terror se ha instaurado en el campo duranguense, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado. A pesar de las reiteradas denuncias, la respuesta del gobierno estatal, encabezado por Esteban Villegas Villarreal, se ha limitado a la retórica vacía y a la ausencia de acciones concretas.

La impunidad se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estas prácticas delictivas. Las voces de los afectados, agrupados en organismos como la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de La Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y México SOS, claman en el desierto. Sus denuncias, presentadas el 23 de mayo de 2025, pintan un panorama desolador: la extorsión continúa rampante, mientras las estadísticas oficiales la ignoran, ocultando una realidad que golpea duramente al sector agropecuario.

La ausencia del gobernador Villegas en una reunión crucial con el Mando Especial de La Laguna, a la que había confirmado asistencia, no hace sino ahondar la herida. Su decisión de delegar su representación fue interpretada como una muestra de desdén hacia los empresarios y productores que esperaban, al menos, un gesto de compromiso en la búsqueda de soluciones. Esta falta de atención no es un hecho aislado. Un año antes, el 1 de junio de 2024, el presidente de la CANADEVI-Durango, Salvador Chávez Molina, ya había alertado sobre el alarmante crecimiento del cobro de derecho de piso en todo el estado. En aquella ocasión, Chávez Molina no solo denunció el problema, sino que señaló directamente la inacción del gobierno estatal, acusándolo de negar la existencia misma de la extorsión.

La brecha entre el discurso oficial y la realidad que viven los productores es abismal. Mientras el gobierno habla de estabilidad, los testimonios de empresarios, ganaderos y organizaciones civiles revelan un clima de inseguridad creciente, donde la impunidad se ha convertido en la norma. La falta de detenciones, consignaciones o investigaciones judicializadas refuerza la percepción de que el crimen organizado opera con total libertad en la región. A pesar de las promesas del secretario de Seguridad Pública del estado, quien en abril aseguró que se atendería cualquier denuncia, y de las supuestas comunicaciones del gobernador con el entonces secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, para “proteger a los productores”, los resultados concretos brillan por su ausencia.

Esta inacción no solo pone en riesgo la seguridad y el sustento de los productores agropecuarios, sino que también afecta gravemente el clima económico de la región. La incertidumbre y el miedo desalientan la inversión y amenazan la continuidad de las empresas establecidas. La Comarca Lagunera de Durango, un territorio con un enorme potencial productivo, se ve lastrada por la sombra de la extorsión y la indiferencia de las autoridades.

¿Hasta cuándo seguirá imperando la impunidad? ¿Cuándo se tomarán medidas reales para proteger a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en Durango? La omisión sistemática del gobierno estatal frente a las denuncias reiteradas plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la seguridad y el desarrollo de la región. La ausencia de justicia no solo vulnera a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones y normaliza la violencia, perpetuando un ciclo que amenaza con sumir al campo duranguense en la desesperanza. La sociedad exige respuestas, exige justicia, exige que se ponga fin a la extorsión y se garantice la seguridad de quienes día a día se esfuerzan por sacar adelante la producción agropecuaria de la región.