El legado de la administración anterior nos deja un panorama complejo, un intrincado laberinto de cifras y decisiones que hoy nos obligan a reflexionar sobre el rumbo de nuestro país. El ambicioso proyecto de transformación, impulsado con la promesa de un cambio radical, nos ha dejado una herencia de claroscuros, de avances y retrocesos que debemos analizar con minuciosidad.

La apuesta por la justicia social, materializada en programas sociales de amplio alcance, representó una bocanada de aire fresco para millones de mexicanos que históricamente habían sido marginados. Sin embargo, la sostenibilidad de estos programas a largo plazo se ve comprometida por el incremento desmedido del déficit y la deuda pública. ¿Cómo garantizar la continuidad de estos apoyos sin poner en riesgo la estabilidad económica del país? Este es el dilema que enfrenta la actual administración.

El año 2024 se presenta como un año crucial, un punto de inflexión en el que se deberán tomar decisiones difíciles pero necesarias. El incremento del 40% en el déficit durante el último año de la administración anterior es una señal de alarma que no podemos ignorar. Este aumento, justificado por la necesidad de impulsar el desarrollo y atender las demandas sociales, nos obliga a cuestionar la eficiencia del gasto público y la priorización de las inversiones. ¿Se invirtió con responsabilidad y transparencia? ¿Se maximizó el impacto de cada peso invertido?

La militarización del país, otro de los legados de la administración anterior, abre un debate crucial sobre el rol de las fuerzas armadas en la vida pública. Si bien la seguridad es una prioridad ineludible, la creciente presencia militar en tareas civiles plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos. ¿Es este el camino para construir un país más seguro y democrático?

La narrativa del "Plan C", centrada en la demolición de los órganos autónomos y la captura del Poder Judicial, genera profunda preocupación sobre el futuro de nuestras instituciones. La independencia de estos organismos es fundamental para garantizar el estado de derecho y la rendición de cuentas. Debilitarlos significa socavar los cimientos de nuestra democracia. ¿Cómo reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar su imparcialidad?

Las obras faraónicas, emblema del sexenio anterior, nos interpelan sobre la pertinencia de las grandes inversiones en proyectos de infraestructura. Si bien algunas de estas obras pueden contribuir al desarrollo económico, es necesario evaluar su impacto real y su costo-beneficio. ¿Representan la mejor opción para impulsar el progreso del país o son un reflejo de una visión desmedida y poco realista?

El panorama económico que heredamos es complejo y desafiante. La actual administración tiene la responsabilidad de tomar decisiones audaces y responsables para corregir el rumbo y garantizar un futuro próspero para todos los mexicanos. El diálogo, la transparencia y la participación ciudadana serán claves para superar los obstáculos y construir un país más justo, equitativo y democrático. Es momento de unir fuerzas, de dejar atrás las divisiones y trabajar juntos por el bien común.