La polémica compra del terreno para la feria anual de Silao ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos. Ochenta millones de pesos, el doble del valor estimado según expertos, es una cifra que exige una explicación clara y detallada por parte de las autoridades municipales. Mientras los juegos mecánicos comienzan a alzarse y la fecha de inauguración, el 25 de julio, se acerca inexorablemente, la sombra de la duda se cierne sobre la transparencia del proceso. ¿A quién beneficia realmente esta transacción? ¿Qué criterios se utilizaron para justificar un gasto tan elevado? La ciudadanía de Silao merece respuestas, y la comparecencia de la alcaldesa Melanie Murillo ante el Congreso local se presenta como una oportunidad crucial para esclarecer los hechos y disipar las sospechas. La opacidad en el manejo de los recursos públicos es un caldo de cultivo para la corrupción, y la feria de Silao se ha convertido en un ejemplo paradigmático de esta problemática.

Además, la falta de información sobre el contrato con RP Espectáculos, la empresa encargada de la logística y organización del evento, añade otra capa de incertidumbre. ¿Cuál es el monto que se les pagará? ¿Se realizó una licitación pública? ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar a esta empresa en particular? La ausencia de transparencia genera desconfianza y alimenta la percepción de que existen intereses ocultos detrás de la organización de la feria. Es imperativo que el gobierno municipal de Silao abra sus libros y permita el escrutinio público de todos los contratos relacionados con este evento. La ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se están gastando sus impuestos y si estos recursos se están utilizando de manera eficiente y responsable.

Por otro lado, el exabrupto del diputado federal Ernesto Prieto, si bien buscaba denunciar la falta de transparencia en los contratos del gobierno estatal con la empresa Seguritech, se desvió hacia un terreno pantanoso y peligroso: la violencia política de género. Sus calificativos hacia la gobernadora Libia Dennise García, lejos de fortalecer su argumento, lo debilitaron y desviaron la atención del tema central. La crítica, por más ácida que sea, debe mantenerse dentro de los límites del respeto y la decencia. Cruzar esa línea no solo es una falta de ética, sino que perpetúa una cultura machista que busca silenciar y descalificar a las mujeres en el ámbito político.

El lenguaje utilizado por Prieto no es un hecho aislado, sino un reflejo de una realidad preocupante: la violencia política de género sigue siendo una constante en México. Las mujeres que ocupan cargos públicos se enfrentan a una doble vara de medir, donde sus acciones y decisiones son juzgadas con mayor severidad que las de sus homólogos masculinos. Se les cuestiona su capacidad, se les ataca con insultos y descalificaciones, y se les intenta silenciar a través de la intimidación y el acoso. Este tipo de violencia no solo afecta a las mujeres que la sufren directamente, sino que también desalienta la participación política de otras mujeres, perpetuando la desigualdad de género en los espacios de poder.

Es fundamental que las instituciones encargadas de velar por la equidad de género actúen con contundencia ante estos casos. Las sanciones deben ser ejemplares, para que sirvan como un disuasivo para quienes pretenden utilizar la violencia como herramienta política. Asimismo, es necesario promover una cultura de respeto y tolerancia en el ámbito político, donde las diferencias se diriman a través del diálogo y el debate constructivo, sin recurrir a la descalificación personal o la violencia de género. La democracia se fortalece cuando todas las voces son escuchadas y respetadas, independientemente del género de quien las emite.

Finalmente, es importante destacar que la exigencia de transparencia y rendición de cuentas debe ser una constante en la vida pública. Tanto el gobierno municipal de Silao como el gobierno estatal de Guanajuato tienen la obligación de ser transparentes en el manejo de los recursos públicos y responder a las demandas de la ciudadanía. La opacidad y la falta de información solo generan desconfianza y alimentan la corrupción. La construcción de una sociedad más justa y equitativa requiere de la participación activa de todos los ciudadanos, exigiendo a sus gobernantes que actúen con honestidad y transparencia.