La sombra de la corrupción se cierne sobre Silao, Guanajuato, donde la compra de un terreno para la feria anual municipal ha desatado una ola de cuestionamientos y sospechas. 80 millones de pesos, el doble de su valor estimado, es la cifra que el gobierno municipal desembolsó a la empresa Bienes Raíces Lamudi. Un precio exorbitante que contrasta con el costo de terrenos similares en zonas de alta plusvalía industrial como el Puerto Interior, donde 4.8 hectáreas –la misma extensión del predio en cuestión– se cotizan en 40 millones de pesos. La opacidad en este proceso se profundiza con la figura del ingeniero J. Guadalupe Hinojosa Navarro, responsable del avalúo, quien presuntamente estaría vinculado a las empresas que conformaron el terreno, según denuncias públicas. Mientras los juegos mecánicos ya se instalan y la feria se prepara para su inauguración el 25 de julio, la ciudadanía exige respuestas. ¿A dónde fueron a parar esos 40 millones de pesos de diferencia? ¿Qué intereses se esconden detrás de esta transacción?

La empresa RP Espectáculos, encargada de la logística y organización de la feria –con experiencia en eventos similares en León, Aguascalientes, Puebla y Celaya–, también está bajo la lupa. Hasta el momento, el monto que se le pagará y las condiciones del contrato permanecen en secreto, alimentando las suspicacias sobre posibles irregularidades. Ante la creciente indignación ciudadana, legisladores del Congreso local han tomado cartas en el asunto y convocarán a la alcaldesa panista Melanie Murillo a comparecer. La exigencia es clara: transparencia total en el desglose de los gastos, no solo del terreno, sino también de la feria y la contratación de artistas y grupos musicales.

Este escándalo en Silao se enmarca en un contexto nacional donde la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas se vuelve cada vez más apremiante. El caso del diputado federal morenista Ernesto Prieto, quien denunció presuntos conflictos de interés del exgobernador Diego Sinhue con la empresa de seguridad Seguritech, ilustra la complejidad de este escenario. Si bien su reclamo era legítimo, la forma en que lo expresó –utilizando calificativos ofensivos contra la gobernadora Libia Dennise García– desató una nueva polémica.

Las palabras de Prieto, pronunciadas desde la tribuna del Congreso, no solo evidencian la falta de respeto y la violencia simbólica que aún permea la política mexicana, sino que también reavivan el debate sobre el doble discurso que se aplica a hombres y mujeres en el poder. Mientras que la vehemencia masculina se interpreta como valentía, en las mujeres se percibe como desvergüenza. Este sesgo de género, profundamente arraigado en nuestra cultura, se recrudece cuando una mujer asume una posición de liderazgo con autonomía.

El caso de Prieto se suma a una larga lista de episodios similares en los que la violencia política de género se disfraza de crítica. Desde el diputado Mario Carrillo en Oaxaca, quien llamó “huevona” a una legisladora, hasta Gerardo Fernández Noroña y Jorge Luis Preciado, quienes también han sido sancionados por agresiones verbales contra mujeres en la política, la historia se repite. El Tribunal Electoral ha sido claro al respecto: los insultos con carga moral negativa dirigidos a mujeres en espacios públicos pueden constituir violencia política, incluso cuando se presenten bajo el manto de la fiscalización.

Nombrar y visibilizar esta violencia es el primer paso para combatirla. No se trata de blindar a las funcionarias de la rendición de cuentas, sino de exigir que el escrutinio se realice en condiciones de equidad. Cuando el argumento se sustituye por el agravio, la fiscalización se transforma en agresión, y el impacto trasciende a la persona que recibe el insulto. El mensaje que se envía a las niñas y jóvenes que aspiran a participar en la vida política es desalentador: “Si te atreves, esto es lo que te espera”. La tribuna de Ernesto Prieto, en lugar de ser un espacio para la defensa de la transparencia, se convirtió en un escenario para la descalificación de una mujer. En un país que ha avanzado en el reconocimiento de la violencia política de género, este tipo de actitudes no pueden pasar desapercibidas. Es violencia, y debe ser sancionada como tal.