La reciente decisión de Uber de aumentar sus tarifas hasta en un 7%, escudándose en la reforma laboral para plataformas digitales, ha generado una ola de indignación y rechazo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Esta medida, calificada como unilateral e irresponsable, contradice flagrantemente los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de México y las empresas del sector, incluyendo a la propia Uber. Recordemos que la reforma, fruto de un extenso diálogo y consenso, fue diseñada con la participación activa de estas plataformas, quienes se comprometieron expresamente a no trasladar los costos asociados a la formalización laboral ni a los usuarios ni a los trabajadores.

Este incremento, a escasas dos semanas de la implementación del programa piloto, no solo representa una ruptura del pacto establecido, sino que además evidencia una preocupante falta de transparencia. A la fecha, no se cuenta con datos concretos que justifiquen el aumento. Aún no se ha determinado con precisión el impacto real de la reforma en los costos operativos de las empresas, ni el número exacto de trabajadores que han sido incorporados al sistema de seguridad social. ¿Cómo es posible entonces justificar un aumento de tarifas basado en supuestos costos, sin una evaluación rigurosa y transparente de los mismos?

La STPS ha sido enfática al reiterar que el objetivo primordial de la reforma es dignificar el trabajo de cientos de miles de conductores y repartidores, garantizándoles acceso a la seguridad social y a condiciones laborales justas. Es crucial recordar que el modelo de negocio de estas plataformas se sustenta en el trabajo de estos individuos, quienes asumen la inversión en herramientas y equipos necesarios para realizar su labor. El Gobierno de México, firme en su compromiso con la justicia social y laboral, no permitirá que las empresas trasladen injustamente los costos a los trabajadores y consumidores bajo pretextos infundados.

Ante esta situación, la STPS, en estrecha colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha anunciado el despliegue de operativos de verificación a nivel nacional. Estos operativos se enfocarán en asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigilando y sancionando cualquier política tarifaria irregular o injustificada que perjudique a los usuarios. Se revisarán minuciosamente las estructuras de costos y los márgenes de ganancia de las plataformas para determinar si el aumento de tarifas está realmente justificado o si se trata de una práctica abusiva.

El mensaje a Uber y a las demás empresas del sector es claro: se les exhorta a actuar con responsabilidad social y a respetar los compromisos adquiridos. El Gobierno de México no tolerará prácticas que afecten la economía de las familias mexicanas y la dignidad laboral de los trabajadores de plataformas digitales. La justicia social y el bienestar de los trabajadores son principios innegociables. Se espera que las empresas rectifiquen su proceder y contribuyan a la construcción de un modelo de economía digital más justo y equitativo. La STPS se mantendrá vigilante para garantizar que se cumplan las leyes y se protejan los derechos de todos los involucrados. El futuro del trabajo en plataformas digitales debe construirse sobre la base del diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos laborales.