La transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila como un hito histórico en la vida democrática de México. El próximo primero de septiembre, con la llegada de los ministros electos por el pueblo, se cierra un capítulo marcado por la influencia de los poderes fácticos y se abre uno nuevo, donde la ciudadanía toma el protagonismo. Este cambio, gestado desde la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de febrero del año pasado y consolidado con el voto popular el primero de junio, representa mucho más que una simple rotación de personal. Se trata de una profunda renovación institucional, donde la justicia se acerca al pueblo y se aleja de las cúpulas partidistas que históricamente la han instrumentalizado.

A pesar de las impugnaciones y denuncias presentadas por la oposición, la solidez del proceso electoral y la falta de argumentos contundentes que respalden las acusaciones, hacen prever que la transición se concretará sin contratiempos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene hasta el 28 de agosto para emitir su fallo definitivo, pero todo indica que la voluntad popular expresada en las urnas será respetada. Esta elección, nacida del contacto directo con la ciudadanía, de las visitas casa por casa y del diálogo en las calles, marca un antes y un después en la historia del Poder Judicial.

Durante décadas, la SCJN estuvo secuestrada por intereses particulares, protegiendo a políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos que se enriquecieron a costa del país. La justicia se convirtió en un instrumento de impunidad, un manto que ocultaba los negocios turbios y las prácticas abusivas de una élite privilegiada. Este periodo oscuro llega a su fin. El primero de septiembre no solo se despide a los ministros que sirvieron a los poderes fácticos, sino que también se desmantela un sistema que permitía la concentración de la riqueza y el abuso de poder.

La nueva Corte, con un rostro más humano y cercana a la gente, promete una justicia más accesible y equitativa. La llegada de un indígena a la presidencia del máximo tribunal constitucional del país, un logro alcanzado tras años de lucha contra la discriminación y la exclusión, simboliza la recuperación del legado juarista de inclusión. Este hecho, aparentemente simple, representa una victoria para los pueblos originarios y una muestra del compromiso de la nueva SCJN con la diversidad y la representación de todos los sectores de la sociedad.

El mandato ciudadano es el pilar del nuevo orden judicial. Se inicia una era donde la justicia se ejerce con dignidad, compromiso y, sobre todo, con un profundo sentido de pertenencia a la nación. La Suprema Corte, ahora sí, estará a la altura de su nombre: suprema en su integridad, justa en sus decisiones y nacional en su alcance. Este renacimiento institucional no es una promesa vacía, sino una realidad que se construye con la participación activa de todos los mexicanos. La transformación de la SCJN es un paso fundamental en la construcción de un país más justo, equitativo y democrático, un país donde la ley se aplica por igual a todos, sin importar su posición social, su poder económico o su afiliación política.