En Baja California, la lucha contra la corrupción se consolida como una prioridad inquebrantable. La Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, bajo la bandera de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", ha presentado un informe contundente que detalla los avances significativos en esta cruzada. No se trata solo de palabras, sino de acciones concretas que se traducen en denuncias, investigaciones y la recuperación de recursos públicos. La cifra de 50 denuncias presentadas ante las fiscalías, tanto estatal como federal, es un testimonio del compromiso ineludible de este gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Imaginen la magnitud del problema que se está enfrentando, un problema enquistado durante años, y que ahora, gracias a la firmeza y la determinación de la Gobernadora, está siendo combatido con la fuerza de la ley.

Este esfuerzo, liderado por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, bajo la dirección de María Gabriela Monge Pérez, no se limita a la persecución del delito, sino que va más allá, construyendo una cultura de la honestidad desde la raíz. Se trata de una política pública integral que busca transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, fomentando la participación activa de la sociedad en la vigilancia y el control de los recursos públicos. La judicialización de nueve casos, por un monto aproximado de 570 millones de pesos, es una muestra palpable de que la justicia está actuando y que la impunidad no será tolerada. Es un mensaje claro para quienes intentan aprovecharse del erario: en Baja California, la corrupción tiene consecuencias.

La Gobernadora Avila Olmeda no se limita a presentar cifras, sino que explica el profundo impacto de estas acciones. "El combate contra la corrupción está dando resultados profundos", afirma, y subraya la importancia de la participación ciudadana como elemento clave para desmantelar las prácticas del viejo régimen. Con la implementación de los Comités de Obra, los bajacalifornianos se convierten en protagonistas de la transformación, supervisando de manera directa las obras y servicios públicos, asegurando que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales para la comunidad. Este es un paso fundamental para reconstruir la confianza entre el gobierno y la sociedad, una confianza que se había erosionado por años de opacidad y malos manejos.

La estrategia de la Gobernadora no se limita a los grandes casos de corrupción, sino que también se enfoca en erradicar las prácticas corruptas en el día a día de la administración pública. Las Unidades Móviles de Atención, presentes en las Recaudaciones de Rentas del Estado, se han convertido en un canal directo para que la ciudadanía pueda expresar sus quejas, denuncias y sugerencias, contribuyendo a la mejora continua del servicio público. Este enfoque de cercanía con la gente permite identificar y corregir las fallas del sistema, previniendo la corrupción desde su origen.

El caso reciente en Ensenada, mencionado por la Secretaria Monge, ilustra la eficacia de la participación ciudadana. Gracias a la denuncia de un medio de comunicación, se destapó una red de corrupción en trámites de regularización vehicular. La rápida intervención del Grupo Operativo de Reacción Inmediata permitió identificar a los responsables y presentar una denuncia penal. Este caso demuestra que la suma de esfuerzos entre la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades es fundamental para combatir la impunidad.

La Secretaria Monge enfatiza la importancia de la denuncia ciudadana y la accesibilidad a los canales disponibles para realizarla: enlaces en cada dependencia, módulos móviles y el portal de Gobierno del Estado. Se está construyendo una red de vigilancia ciudadana, donde cada persona puede ser un agente de cambio.

Finalmente, la restitución de 172 millones de pesos al erario por parte de Banca Afirme, es una victoria contundente en esta lucha contra la corrupción. Es una muestra tangible de que las acciones legales emprendidas por la administración están dando frutos y que el compromiso con la justicia y el bien común es una realidad. En Baja California, se está escribiendo una nueva historia, una historia donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son los pilares de un gobierno honesto y eficiente.