La sombra de la corrupción se cierne sobre Tabasco, dejando al descubierto una trama de poder e impunidad que salpica a las más altas esferas políticas. El caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad, no es un simple escándalo aislado, sino la punta del iceberg de un sistema que ha permitido el florecimiento del crimen organizado bajo la mirada complaciente, o incluso cómplice, de quienes juraron proteger a la ciudadanía. La información revelada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza del poder y la responsabilidad de aquellos que lo ostentan.

No podemos ignorar las alertas tempranas que, según los documentos, fueron desestimadas. La Defensa Nacional, en 2019, ya había señalado los vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado. Sin embargo, Adán Augusto López, entonces gobernador y ahora líder de la bancada de Morena en el Senado, no solo hizo caso omiso a estas advertencias, sino que lo nombró secretario de Seguridad. ¿Fue una decisión tomada con ingenuidad, producto de la desinformación o una estrategia deliberada? La pregunta queda flotando en el aire, cargada de un peso inquietante.

La defensa a ultranza de Adán Augusto hacia su secretario de Seguridad, incluso ante las crecientes evidencias de su colusión con el cártel La Barredora, despierta aún más sospechas. Las calificó de "chismes" y "fantasías", minimizando la gravedad de la situación y protegiendo a su colaborador. Esta actitud, lejos de transmitir confianza, alimenta la percepción de una red de complicidades que se extiende hasta las más altas esferas del poder.

La figura de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República, también se ve envuelta en esta trama. Sus declaraciones, descalificando los reportes sobre las actividades ilícitas de Bermúdez Requena como “ataques de la prensa conservadora”, resultan, a la luz de los acontecimientos actuales, una triste ironía. ¿Cómo es posible que el entonces presidente no estuviera al tanto de la información que manejaban las fuerzas de seguridad federales? O peor aún, ¿sí lo estaba y decidió ignorarla?

Mientras tanto, La Barredora, bajo la protección de esta red de poder, convertía a Tabasco en su paraíso particular. El huachicol, flagelo que el expresidente aseguraba haber erradicado, florecía impunemente, incluso en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, proyecto insignia de la administración anterior. La contradicción es evidente y la pregunta inevitable: ¿quién se beneficiaba realmente de este negocio ilícito?

Ahora, con el cambio de gobierno, la verdad comienza a salir a la luz. Las autoridades actuales confirman los nexos entre Bermúdez Requena y el crimen organizado. Pero la investigación no debe detenerse ahí. Es necesario llegar al fondo del asunto, desentrañar la red de complicidades y llevar ante la justicia a todos los responsables, sin importar su posición política o influencia.

El caso de Hernán Bermúdez Requena es un recordatorio de la fragilidad de nuestras instituciones y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Es una llamada de atención a la sociedad para exigir justicia y no permitir que la impunidad se convierta en la norma. El futuro de Tabasco, y del país entero, depende de nuestra capacidad para enfrentar la corrupción y construir un sistema donde la ley se aplique a todos por igual. La justicia no puede ser selectiva ni estar sujeta a los vaivenes políticos. La verdad, aunque incómoda, es el único camino hacia un futuro mejor.