La inesperada destitución de Leobardo Aguilar Orihuela como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en San Luis Potosí ha desatado una ola de críticas y preocupación entre los colectivos de búsqueda y el Consejo de Búsqueda de Personas del estado. La decisión del gobernador Ricardo Gallardo de reemplazar a Aguilar Orihuela por Israel Mendoza Espinoza ha sido calificada como un retroceso significativo en los avances logrados en la delicada tarea de búsqueda de personas desaparecidas.

El Consejo de Búsqueda, a través de un contundente posicionamiento público firmado por la consejera Adriana Macías Madero y los exconsejeros Alejandro Campos Torres y Jesús Castillo Medina, junto con la consejera Xóchithl Guadalupe Rangel Romero, expresó su profunda inquietud ante esta decisión. Argumentan que la remoción de Aguilar Orihuela trunca un proceso de trabajo que había generado resultados tangibles y beneficios directos para las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos. La llegada de un nuevo titular a la CEBP, sin la experiencia y el conocimiento acumulado por el anterior comisionado, representa un riesgo latente de entorpecer las labores esenciales de búsqueda, poniendo en peligro la continuidad de los avances y generando incertidumbre en un proceso ya de por sí complejo y doloroso.

Esta preocupación se ve agravada por el contexto nacional, donde el gobierno federal ha priorizado el diálogo y la atención a los colectivos de búsqueda en todo el país. La decisión del gobernador Gallardo parece ir en contra de esta tendencia nacional, generando una desconexión preocupante entre las políticas estatales y federales en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

La indignación también se ha extendido a las asociaciones civiles que trabajan en este ámbito. Edith Pérez, líder de la asociación Voz y Dignidad por los Nuestros, envió una carta al Ejecutivo estatal denunciando la falta de transparencia en el proceso de destitución de Aguilar Orihuela. Pérez critica la ausencia de consulta a los integrantes del Sistema Estatal de Búsqueda, un elemento clave para garantizar la participación y el consenso en decisiones de esta magnitud.

La opacidad en el proceso se ve reflejada en la confusa comunicación con los colectivos. Pérez relata cómo la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno les citó para una reunión el lunes, para posteriormente cancelarla sin mayor explicación. Esta falta de claridad y la aparente improvisación en la gestión del cambio de titular en la CEBP generan desconfianza y alimentan la sospecha de que existen motivaciones ocultas detrás de la destitución de Aguilar Orihuela.

La situación se complica aún más con las declaraciones del secretario general de Gobierno, quien afirma haberse reunido con un grupo de representantes de colectivos para proponer el perfil de Mendoza Espinoza. Sin embargo, esta supuesta reunión no ha sido confirmada por los colectivos, lo que pone en duda la veracidad de la afirmación y refuerza la percepción de una falta de diálogo genuino con las familias de las personas desaparecidas.

Ante este panorama, la incertidumbre y la preocupación se apoderan de los colectivos de búsqueda en San Luis Potosí. La destitución de Aguilar Orihuela no solo representa un revés en los avances logrados, sino que también siembra dudas sobre el compromiso del gobierno estatal con la búsqueda de personas desaparecidas. La exigencia de transparencia, diálogo y participación se convierte en un clamor urgente para garantizar que la búsqueda de verdad y justicia para las familias no se vea truncada por decisiones políticas arbitrarias. El futuro de la CEBP y la esperanza de cientos de familias potosinas penden de un hilo. Es crucial que el gobierno estatal rectifique el rumbo y priorice la atención a esta grave problemática, escuchando las voces de quienes han sufrido la dolorosa ausencia de sus seres queridos.