La sombra de la extorsión se cierne sobre México, un flagelo que corroe el tejido social y económico del país. Ante esta alarmante realidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado la iniciativa, presentando una reforma constitucional que busca dotar al Congreso Federal de las herramientas necesarias para combatir este delito de frente. La propuesta, que ya se encuentra en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, representa un paso crucial hacia la unificación de criterios y la creación de una Ley General que homologue las sanciones en todo el territorio nacional. Imaginen un México donde la justicia actúe con la misma fuerza y precisión contra los extorsionadores, sin importar el estado en que se cometa el delito. Esa es la visión que impulsa esta reforma.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pintan un panorama desolador: más de 10,000 víctimas de extorsión cada año entre 2022 y 2024. La frialdad de los números esconde el drama humano, el miedo, la angustia y la desesperación de quienes se ven atrapados en las redes de la extorsión. Desde el pequeño comerciante que se ve obligado a pagar para proteger su negocio, hasta las familias que viven bajo la amenaza constante, la extorsión no discrimina y deja profundas cicatrices emocionales y económicas. La iniciativa de la Presidenta Sheinbaum busca no solo castigar a los culpables, sino también implementar políticas de prevención que ataquen el problema de raíz.

La tecnología jugará un papel fundamental en esta lucha. La propuesta contempla el uso de sistemas de inteligencia informática para la investigación, persecución y sanción de este delito. En un mundo cada vez más digitalizado, es indispensable que las autoridades cuenten con las herramientas adecuadas para rastrear y desmantelar las redes de extorsión que operan en el ciberespacio. No podemos permitir que la tecnología se convierta en un arma en manos de los criminales.

La disparidad en las penas impuestas por extorsión en diferentes estados es un obstáculo para la justicia. Mientras que a nivel federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años. Esta discrepancia crea una sensación de impunidad y dificulta la coordinación entre las autoridades. La homologación de las sanciones es un paso fundamental para garantizar que la justicia se aplique de manera equitativa en todo el país.

El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61% de las víctimas de extorsión. El Estado de México, por sí solo, acumula el 33.1%. Estas cifras nos obligan a reflexionar sobre las causas que hacen que estos estados sean particularmente vulnerables a este delito. Es necesario implementar estrategias específicas que aborden las problemáticas locales y fortalezcan la capacidad de las autoridades para combatir la extorsión en estas zonas.

La propuesta de la Presidenta Sheinbaum se encuentra ahora en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Se espera que en las próximas semanas se dictamine la iniciativa y se someta a votación en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre. La aprobación de esta reforma sería un triunfo para la sociedad mexicana, un paso firme hacia un futuro donde la extorsión deje de ser una amenaza constante. La lucha contra la extorsión es una tarea de todos. Debemos unirnos como sociedad para exigir justicia, apoyar a las víctimas y construir un México más seguro para todos.