En un escenario económico global incierto, México se prepara para afrontar el 2026 con optimismo y una firme apuesta por el bienestar social. Lejos de los recortes que se podrían esperar ante las presiones económicas internacionales, la Cámara de Diputados, a través de la voz de la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozo, ha confirmado que no se prevén disminuciones en el gasto público para el próximo año. Esta noticia, sin duda, tranquilizará a muchos mexicanos que dependen de los programas sociales implementados por el Gobierno Federal.

Gómez Pozo ha desmentido categóricamente la idea de un recorte, aclarando que se trata de una "compactación" del gasto. Este proceso, lejos de implicar una reducción de recursos, busca optimizar la eficiencia del mismo. Se trata, en esencia, de una reingeniería del gasto público, eliminando duplicidades y redundancias, para que cada peso invertido tenga el mayor impacto posible. Imaginemos una tubería con fugas: en lugar de reducir el flujo de agua, lo que se busca es reparar las fugas para que toda el agua llegue a su destino. De la misma manera, la compactación del gasto busca asegurar que todos los recursos lleguen a quienes más los necesitan, sin desperdiciar ni un solo centavo.

Esta estrategia de optimización, según la diputada, permitirá "mejorar la toma de decisiones públicas" y "simplificar los procesos". En un contexto de creciente complejidad, la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos son fundamentales. La compactación del gasto, por lo tanto, no solo busca mantener el nivel de inversión social, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Uno de los pilares fundamentales del presupuesto 2026 será el impulso a los programas sociales, con un enfoque particular en la Pensión Universal para los Adultos Mayores. Este programa, que ha beneficiado a millones de mexicanos, verá un aumento significativo en su presupuesto, superando los 500 mil millones de pesos. Esta cifra representa un compromiso tangible del Gobierno con la protección y el bienestar de los adultos mayores, garantizando un ingreso que les permita vivir con dignidad.

Es importante destacar el contraste entre las predicciones catastróficas de la oposición y la realidad presentada por la diputada Gómez Pozo. Contrario a lo que se auguraba, no ha sido necesario incurrir en mayor deuda para financiar los programas sociales. Esto demuestra la solidez de las finanzas públicas y la capacidad del gobierno para cumplir sus promesas de campaña, las cuales, cabe recordar, ya se han convertido en derechos constitucionales.

Finalmente, se ha confirmado que el Paquete Económico 2026 será recibido a más tardar el 8 de septiembre. A partir de esa fecha, comenzará el proceso legislativo para su aprobación, con la Ley de Ingresos prevista para el 30 de octubre y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 15 de noviembre. Se espera un debate intenso y constructivo en el Congreso, con la participación de todos los actores políticos, para asegurar que el presupuesto 2026 responda a las necesidades de todos los mexicanos. El futuro económico del país se define en estos momentos, y la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos serán claves para garantizar un futuro próspero para todos.