El fantasma de la gentrificación recorre la Ciudad de México, una amenaza silenciosa que transforma barrios, desplaza comunidades y redefine el concepto mismo de hogar. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dado un paso al frente, presentando un ambicioso plan de 14 puntos para combatir este fenómeno, un plan que busca no solo poner un freno a la escalada de precios, sino también tejer una red de protección social que preserve el derecho a la ciudad para todos sus habitantes.

La propuesta de Brugada, que será sometida a mesas de diálogo con la comunidad y especialistas, se presenta como un bálsamo ante la creciente tensión. Recordemos las recientes protestas en la Roma y la Condesa, donde la frustración se desbordó en actos vandálicos, un grito desesperado ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en barrios que, hasta hace poco, eran accesibles. Es crucial, sin embargo, separar la justa reivindicación del derecho a la vivienda de las manifestaciones xenófobas que también se hicieron presentes. Como bien lo han señalado tanto Brugada como la Presidenta Sheinbaum, la lucha contra la gentrificación no puede construirse sobre la discriminación y la exclusión.

La problemática no es nueva. La historia de la Ciudad de México, como la de tantas otras urbes en el mundo, está marcada por ciclos de transformación urbana que, en muchas ocasiones, han dejado a su paso un rastro de desigualdad. El caso de las rentas congeladas, decretadas por el presidente Ávila Camacho en 1942 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo paradigmático de cómo una medida bienintencionada, en principio destinada a proteger a los inquilinos, puede generar efectos colaterales devastadores a largo plazo. La prolongación indefinida de este decreto hasta 1992 contribuyó al deterioro del parque habitacional, dejando un legado de inmuebles abandonados y en ruinas.

El reto que enfrenta la administración de Brugada es monumental. Se trata de encontrar un equilibrio delicado, una fórmula que permita regular el mercado inmobiliario sin asfixiarlo, que promueva la construcción de vivienda asequible sin desincentivar la inversión privada, y que, sobre todo, garantice el derecho a la ciudad para todos, independientemente de su origen, su nivel socioeconómico o su lugar de nacimiento.

La gentrificación no es un fenómeno inevitable. Es el resultado de políticas públicas, de decisiones de inversión y de dinámicas sociales complejas. El plan presentado por la jefa de Gobierno es un primer paso, una apuesta por la construcción de una ciudad más justa y equitativa. El éxito de esta iniciativa dependerá, en gran medida, de la capacidad de diálogo y consenso entre todos los actores involucrados: gobierno, comunidad, sector privado y academia. El futuro de la ciudad está en juego.