Un manto de silencio se cierne sobre el Congreso. La figura de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, prófugo de la justicia y presuntamente líder de la banda criminal "La Barredora", se ha convertido en un tema incómodo, casi tabú, dentro de los muros del poder legislativo. La decisión de la Comisión Permanente, presidida por Gerardo Fernández Noroña, de vetar cualquier discusión sobre el caso en la sesión pública, ha levantado ampollas y sembrado sospechas. ¿Qué se esconde tras este hermetismo? ¿Acaso se busca proteger a figuras de alto nivel, como Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado, cuyo nombre se ve salpicado por este escándalo?

El diputado panista Federico Doring ha denunciado la censura impuesta por Fernández Noroña, quien, según sus palabras, prohibió explícitamente abordar el tema de Tabasco y cualquier iniciativa relacionada. Esta actitud, lejos de aclarar las dudas, las intensifica. La ciudadanía exige transparencia y respuestas, no silencios cómplices. La negativa a debatir sobre un asunto de tanta relevancia para la seguridad nacional genera desconfianza y alimenta la especulación. ¿Qué se teme? ¿Acaso una investigación a fondo revelaría conexiones incómodas y responsabilidades políticas que se prefieren mantener ocultas?

La solicitud del PAN para la creación de una comisión especial que investigue los presuntos vínculos de Adán Augusto con "La Barredora" cobra aún más fuerza ante la postura evasiva de la Comisión Permanente. No se trata de una simple disputa política, sino de un clamor por la justicia y la verdad. La ciudadanía merece saber si quienes ostentan el poder han estado involucrados en actos de corrupción y complicidad con el crimen organizado. El silencio solo beneficia a la impunidad y erosiona la confianza en las instituciones.

Mientras tanto, las declaraciones de Jorge Romero, líder nacional del PAN, apuntan directamente a Adán Augusto, acusándolo de ser responsable de la ola de delincuencia que azotó Tabasco durante su mandato. Romero ha ido más allá, vinculando al ex gobernador con actividades de lavado de dinero y la creación de una estructura criminal. Estas acusaciones, de ser ciertas, representarían un grave atentado contra la seguridad del país y exigirían una investigación exhaustiva e imparcial.

La respuesta de Fernández Noroña, repitiendo las palabras de Claudia Sheinbaum sobre la inexistencia de una investigación contra Adán Augusto, resulta insuficiente y poco convincente. Ante la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada, negar la necesidad de una investigación parece una estrategia para eludir la responsabilidad y proteger a figuras políticas afines. La justicia no puede ser selectiva ni ceder ante presiones políticas. La verdad debe prevalecer, sin importar las consecuencias. La sociedad exige respuestas claras y contundentes. El silencio y la evasiva solo alimentan la sospecha y la indignación.