La reciente declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de contacto entre su familia y servidores públicos ha generado un intenso debate en la esfera política. La mandataria, con firmeza y convicción, estableció una línea roja en torno al tráfico de influencias, un mal que históricamente ha permeado las estructuras gubernamentales. Su postura, expresada en la Mañanera del 16 de julio, surge a raíz de las revelaciones del titular de la PROFECO, Iván Escalante, quien denunció presiones por parte de legisladores para influir en la verificación de una gasolinera.

Este episodio pone de manifiesto la persistencia de prácticas que socavan la transparencia y la equidad en el ejercicio del poder. La Presidenta Sheinbaum, al prohibir a su familia cualquier tipo de gestión ante servidores públicos, más allá de los saludos protocolarios, envía un mensaje contundente: la imparcialidad y la rectitud deben ser los pilares fundamentales de cualquier administración. No se trata solo de evitar la percepción de favoritismo, sino de erradicar de raíz la posibilidad de que intereses particulares se impongan al bien común.

La declaración de la mandataria abre una importante reflexión sobre la ética en la función pública. ¿Hasta qué punto las relaciones personales deben influir en las decisiones gubernamentales? ¿Cómo garantizar que los procesos administrativos se desarrollen con absoluta imparcialidad? La prohibición impuesta por Sheinbaum a su familia es un paso significativo en la construcción de un gobierno más transparente y responsable. Sin embargo, la lucha contra el tráfico de influencias requiere un compromiso colectivo, una vigilancia ciudadana constante y una renovación profunda de la cultura política.

Es necesario impulsar mecanismos que fortalezcan la rendición de cuentas y la transparencia en todos los niveles de la administración pública. La sociedad debe exigir a sus representantes un comportamiento ético e intachable, y denunciar cualquier indicio de corrupción o favoritismo. La declaración de la Presidenta Sheinbaum es un llamado a la reflexión y a la acción. Es una invitación a construir un México donde las oportunidades se distribuyan con justicia y equidad, sin privilegios ni favoritismos.

La contundencia de las palabras de la Presidenta no deja lugar a dudas: "Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público que no sea para saludar o el día de su cumpleaños". Esta frase, corta pero poderosa, resume la esencia de su mensaje: en su gobierno no se tolerará ningún tipo de tráfico de influencias. La referencia específica a "cualquier legislador, presidente municipal, primo hermano, cuñado, amigo lejano, conocido", reafirma su compromiso con la imparcialidad y la transparencia.

El caso de la gasolinera, revelado por el titular de la PROFECO, ilustra la forma en que algunos actores políticos intentan utilizar sus influencias para obtener beneficios personales o favorecer a terceros. Estas prácticas, además de ser éticamente reprochables, generan desconfianza en las instituciones y erosionan la legitimidad del Estado. La Presidenta Sheinbaum, al abordar este tema con franqueza y determinación, demuestra su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El camino hacia un México más justo y transparente requiere la participación de todos. La ciudadanía debe estar atenta y denunciar cualquier acto de corrupción o tráfico de influencias. Las instituciones deben fortalecer sus mecanismos de control y rendición de cuentas. Y los servidores públicos, en todos los niveles, deben actuar con ética e integridad. Solo así podremos construir un país donde las leyes se apliquen por igual para todos, sin importar su posición social, política o económica. La declaración de la Presidenta Sheinbaum es un paso importante en esa dirección, un llamado a la reflexión y a la acción colectiva para erradicar el tráfico de influencias y fortalecer la democracia.