La desaparición de Dulce María Sánchez Dávila en Xochimilco en 2021 continúa siendo una herida abierta para su familia y un recordatorio de la persistente lucha contra la impunidad en nuestra ciudad. La reciente publicación del acuerdo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ofreciendo una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que conduzca a su localización y a la captura de los responsables, inyecta una nueva dosis de esperanza en este caso que parecía estancado en la oscuridad. Esta medida no solo representa una oportunidad para que Dulce María vuelva a casa, sino que también envía un mensaje claro: la sociedad y las autoridades no descansarán hasta que se haga justicia.

La suma considerable de la recompensa, dividida en dos partes iguales – 250 mil pesos por la localización de Dulce María y 250 mil pesos por la identificación y aprehensión de los responsables – refleja la seriedad con la que se está tomando este caso. Es una invitación a la colaboración ciudadana, un llamado a la solidaridad para romper el silencio que a menudo protege a quienes cometen estos actos atroces. La posibilidad de que alguien, con información clave, pueda contribuir a esclarecer los hechos y a llevar consuelo a una familia que lleva años sufriendo, es un motor poderoso para la participación ciudadana.

El mecanismo de distribución de la recompensa, cuidadosamente detallado en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, busca garantizar la transparencia y la equidad. Se priorizará la información veraz y útil, y en caso de que varias personas aporten datos relevantes, se premiará a quien lo haya hecho primero. En situaciones donde la información se proporcione simultáneamente, la recompensa se dividirá proporcionalmente a la utilidad de los datos aportados. Esta precisión en el procedimiento busca evitar controversias y asegurar que la recompensa llegue a quien realmente contribuya al esclarecimiento del caso.

La exclusión de servidores públicos relacionados con instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, así como de sus familiares cercanos, demuestra un compromiso con la imparcialidad y la prevención de conflictos de interés. Esta medida busca blindar el proceso de cualquier tipo de influencia indebida y garantizar que la información proporcionada sea genuina y proveniente de fuentes externas al sistema judicial. La extensión de esta restricción hasta un año después de que el servidor público haya dejado su cargo refuerza aún más este compromiso con la transparencia.

La disponibilidad de múltiples canales para recibir información – las 24 horas del día en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, a través del correo electrónico [email protected] y del número telefónico 55 53 45 54 00 – facilita la participación ciudadana y amplía el alcance de la convocatoria. Se trata de una estrategia integral que busca llegar a la mayor cantidad de personas posible, reconociendo que la información clave puede provenir de cualquier fuente.

La esperanza de encontrar a Dulce María Sánchez Dávila se renueva con esta iniciativa. La recompensa no solo es un incentivo económico, sino un símbolo de la lucha contra la impunidad y un llamado a la conciencia colectiva. Cada pieza de información, por pequeña que parezca, puede ser la pieza faltante del rompecabezas que permita a su familia encontrar la paz y la justicia que tanto anhelan. La sociedad tiene la palabra, y la Fiscalía ha tendido el puente para que la verdad salga a la luz.