La renuncia del Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, ha desatado una ola de controversias y sospechas que van mucho más allá de un simple relevo institucional. Lejos de presentarse como un acto de responsabilidad ante los alarmantes índices de violencia que azotan al estado, su salida anticipada se percibe como una maniobra política cuidadosamente orquestada, un pacto entre las élites que pone en evidencia la fragilidad del sistema de justicia. El hecho de que López Solís abandone su cargo, no para enfrentar las acusaciones que pesan sobre él, sino para asumir la titularidad de una notaría pública, deja un sabor amargo y una profunda sensación de impunidad. No se trata de un cambio de aires, sino de un aterrizaje suave, un premio inmerecido para quien debería estar rindiendo cuentas ante la sociedad.

La entrega de la notaría número 178 a López Solís, publicada en el Periódico Oficial del Estado, no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de concesiones que incluyen la asignación de otra notaría a su exesposa, Teresa Ruiz Valencia, y una más a Nicolás Maldonado Millán, hombre de confianza del exfiscal. Este reparto de prebendas confirma las sospechas de que la Fiscalía General del Estado, lejos de ser un órgano autónomo e imparcial, ha funcionado como una herramienta al servicio de los intereses políticos en turno. Las notarías, en este contexto, se convierten en moneda de cambio, en un mecanismo para premiar lealtades y silenciar voces críticas.

La gestión de López Solís ha estado marcada por la violencia desbordada, la ineficacia en la lucha contra el crimen organizado y graves acusaciones de persecución política. Organizaciones sociales, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, han denunciado detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social. Sin embargo, en lugar de responder a estos señalamientos, el exfiscal ha sido blindado por el propio sistema que debería investigarlo. La impunidad que rodea su salida no solo deslegitima las instituciones, sino que profundiza la crisis de confianza que atraviesa el estado.

El caso de Adrián López Solís no es un episodio aislado, sino un reflejo de un mal endémico que afecta al sistema político mexicano: la politización de la justicia. La Fiscalía, en lugar de ser un instrumento para la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley, se ha convertido en un arma arrojadiza en las disputas por el poder. Mientras la impunidad siga siendo la norma, la esperanza de un Michoacán más justo y seguro seguirá siendo una quimera. La sociedad michoacana merece instituciones sólidas, transparentes y al servicio de la ciudadanía, no de los intereses de unos cuantos. Es urgente romper con el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad para construir un futuro en el que la justicia sea una realidad para todos, no un privilegio para las élites. El silencio cómplice solo perpetúa la injusticia.