Quince años. Una cifra que representa un hito, un avance significativo en la protección de nuestros datos personales. En 2010, México se colocó a la vanguardia en Latinoamérica, reconociendo la privacidad como un derecho fundamental frente al sector privado. Sin embargo, el vertiginoso avance tecnológico nos obliga a una profunda reflexión: ¿es suficiente el marco legal actual para protegernos en la era digital? La respuesta, lamentablemente, es compleja.

Si bien la primera Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares fue un paso crucial, el panorama digital ha cambiado radicalmente. Imaginemos el internet de 2010, comparado con la realidad actual de inteligencia artificial, big data, y el internet de las cosas. La ley, aunque pionera en su momento, se queda corta ante los nuevos desafíos.

Un ejemplo claro es la portabilidad de datos. Mientras que en Europa los ciudadanos tienen amplio control sobre la transferencia de su información entre diferentes proveedores, en México este derecho se limita al sector público, y aún ahí, su implementación presenta obstáculos. ¿Cómo podemos hablar de un verdadero control sobre nuestros datos si no podemos decidir quién los gestiona?

La situación se agrava al considerar las transferencias internacionales. A falta de mecanismos estandarizados, como las cláusulas contractuales europeas, la seguridad de nuestros datos queda en un limbo jurídico al cruzar las fronteras digitales. ¿Qué garantías tenemos de que nuestra información estará protegida bajo las mismas normas en otros países?

Pero quizás el mayor desafío reside en la inteligencia artificial. El marco legal actual no contempla la toma de decisiones automatizadas ni establece obligaciones para quienes desarrollan y operan estos sistemas. Mientras el mundo debate sobre la ética de la IA y la necesidad de regularla, México permanece en silencio. ¿Estamos preparados para un futuro donde algoritmos tomen decisiones cruciales sobre nuestras vidas sin la debida transparencia y control?

La ausencia de una regulación específica sobre IA no es un detalle menor. Afecta áreas tan sensibles como el acceso al crédito, la selección de personal, e incluso la justicia. Sin reglas claras sobre explicabilidad, supervisión y rendición de cuentas, nos exponemos a la discriminación algorítmica y a la opacidad en la toma de decisiones.

A estos retos se suma la creciente preocupación por la seguridad de datos biométricos, la protección de la información de niños, niñas y adolescentes, y el manejo de los neurodatos. En un mundo hiperconectado, donde la información es el nuevo oro, la ciberseguridad se convierte en un pilar fundamental para la protección de la privacidad.

En México, los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados. Sin medidas efectivas de prevención, detección y respuesta, el derecho a la privacidad se vuelve ilusorio. Necesitamos una estrategia integral de ciberseguridad que fortalezca la confianza en el ecosistema digital y proteja a los ciudadanos de las amenazas crecientes.

No podemos seguir respondiendo a los desafíos del siglo XXI con una ley del pasado. La privacidad es un derecho fundamental, esencial para una economía sólida, instituciones confiables y una sociedad empoderada. Requerimos una legislación renovada, con visión de futuro, que garantice nuestros derechos sin frenar la innovación. Iniciativas como las presentadas por el INFO CDMX sobre IA y ciberseguridad ofrecen un camino a seguir, un modelo viable para una regulación moderna, centrada en las personas y sus derechos humanos. Es tiempo de actuar, de construir un futuro digital donde la privacidad sea una realidad, no una promesa incumplida. El futuro de nuestra privacidad está en juego, y es responsabilidad de todos protegerla.