La tragedia de Karla, una joven de 28 años cuya vida fue arrebatada por la violencia machista en Guadalajara, nos golpea con la crudeza de una realidad que no podemos ignorar. El impacto de este feminicidio, amplificado por la existencia de un registro visual del acto y la inusual arma utilizada –un arma larga, un instrumento de guerra en manos de la misoginia–, nos obliga a una profunda reflexión sobre la facilidad de acceso a este tipo de armamento en un contexto de alta criminalidad como el que se vive en Jalisco.

No se trata solo de un caso aislado, sino de un síntoma alarmante de una enfermedad social que carcome los cimientos de nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres, en sus múltiples y perversas manifestaciones, se alimenta de la impunidad, de la normalización de la agresión y de la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades. Si bien es crucial analizar las circunstancias específicas de cada caso, es igualmente importante comprender el entramado social que permite que estos crímenes ocurran.

Como bien señala la abogada feminista Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la posible relación de pareja o de confianza entre víctima y agresor no debe desvincular el hecho del contexto de alta criminalidad que asola a Jalisco y al país en general. La violencia machista se entrelaza con otras formas de violencia, creando un círculo vicioso que atrapa a las mujeres en una espiral de vulnerabilidad.

La investigación de estos crímenes no puede limitarse a la simple catalogación de homicidios o ejecuciones. Es imperativo analizar las razones de género, el contexto de delincuencia organizada y las posibles conexiones con redes de tráfico de armas. No podemos permitir que la investigación se diluya en la burocracia o se desvíe por la corrupción. Cada vida arrebatada merece justicia, y la justicia exige una investigación exhaustiva y transparente.

El caso de Karla, al igual que el de la tiktoker Valeria Márquez, asesinada en una transmisión en vivo, nos muestra la vulnerabilidad de las mujeres en un entorno donde la violencia se ha normalizado. La presencia de antecedentes de violencia en ambos casos subraya la necesidad de mecanismos de protección efectivos para las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo.

Jalisco, al igual que Guanajuato, se ha convertido en un escenario de terror para las mujeres. Las cifras de muertes violentas, feminicidios disfrazados de homicidios dolosos, "accidentes" sospechosos y supuestos suicidios que contradicen la realidad nacional, nos pintan un panorama desolador. La impunidad con la que se cometen estos crímenes alimenta la espiral de violencia, creando un clima de miedo e inseguridad para todas las mujeres.

El promedio de 11 mujeres asesinadas al día en México es una cifra que nos debería avergonzar como sociedad. A este horror se suman las desapariciones de niñas y mujeres, una tragedia silenciosa que deja un rastro de dolor e incertidumbre en las familias. Es urgente que las autoridades implementen políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando su seguridad y protegiendo sus derechos. No podemos seguir permitiendo que la violencia machista robe vidas, destroce familias y oscurezca nuestro futuro.