La tragedia que rodea el feminicidio de Carla en Guadalajara nos golpea con una crudeza innegable, despertando una profunda conmoción social que va más allá de la indignación. Dos elementos la hacen particularmente estremecedora: la existencia de un registro visual del acto, una prueba irrefutable de la barbarie, y la utilización de un arma larga, un instrumento de muerte que nos obliga a cuestionar, una vez más, la facilidad con la que se accede a este tipo de armamento en un estado como Jalisco, sumido en una espiral de violencia. No podemos simplemente mirar hacia otro lado. Este caso exige una profunda reflexión sobre la normalización de la violencia y la permeabilidad de nuestra sociedad a las armas de fuego. ¿Cómo es posible que un arma de tal calibre esté en manos de un particular? ¿Qué fallas en nuestro sistema permiten que la violencia escale a niveles tan extremos?

El caso de Carla, al igual que el de Valeria Márquez, la tiktoker asesinada en una transmisión en vivo, nos confronta con una realidad alarmante: la violencia contra las mujeres se entrelaza con el contexto de criminalidad organizada que permea nuestro país. Si bien todo apunta a que el feminicidio de Carla está vinculado a una relación de pareja o de confianza, no podemos desvincularlo de la compleja red de violencia que asfixia a Jalisco y a otras regiones del país. La delincuencia organizada, con su poder corruptor y su arsenal, se convierte en un factor agravante en la violencia de género. Muchos casos, que en ausencia de información se clasificarían como homicidios comunes, esconden tras de sí historias de violencia machista exacerbadas por el entorno criminal. Es imperativo que las investigaciones consideren este contexto, que no se limiten a la superficie, sino que profundicen en las raíces de la violencia, en las relaciones de poder y en la influencia de la delincuencia organizada.

La impunidad, ese cáncer que corroe nuestro sistema de justicia, permite que la violencia se reproduzca sin freno. En muchos casos, las muertes violentas de mujeres no se investigan con la debida diligencia, se minimizan, se clasifican erróneamente como homicidios dolosos, culposos o incluso suicidios, ocultando la verdadera naturaleza del crimen: un feminicidio. Esta falta de rigor en las investigaciones no solo niega justicia a las víctimas, sino que también perpetúa la violencia al enviar un mensaje de permisividad a los agresores. Jalisco, al igual que Guanajuato, se ha convertido en un triste ejemplo de esta realidad, con cifras alarmantes de muertes violentas de mujeres que superan incluso al Estado de México.

El feminicidio de Carla no es un caso aislado. Es un síntoma de una enfermedad social profunda, un reflejo de la violencia sistémica que enfrentan las mujeres en México. Las 11 mujeres que son asesinadas cada día en nuestro país, las innumerables niñas y mujeres desaparecidas, son un grito desesperado que exige justicia, que clama por un cambio radical. No podemos seguir normalizando la violencia. Debemos exigir a las autoridades que investiguen con perspectiva de género, que implementen políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y que garanticen el acceso a la justicia para las víctimas. El futuro de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras madres, depende de ello. No podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos vidas.