La implementación del nuevo modelo de justicia laboral en la Ciudad de México, encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ha traído consigo avances significativos en la protección de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la jueza Claudia Celis García, titular del Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del PJCDMX, nos alerta sobre la persistencia de "vicios" heredados del sistema anterior que dificultan la labor de impartir justicia. Estos "vicios" no solo obstaculizan el acceso a la justicia, sino que también ponen en evidencia la necesidad de un cambio profundo en la cultura laboral.

Uno de los problemas más preocupantes es el fraude procesal. La jueza Celis García señala la frecuente alteración de firmas por parte de los patrones para simular renuncias voluntarias ante casos de despidos injustificados. Incluso, se ha detectado la práctica de obligar a los empleados a firmar su renuncia anticipadamente como condición para ser contratados, una clara vulneración de sus derechos. Estas prácticas fraudulentas demuestran la persistencia de una mentalidad que prioriza los intereses del empleador por encima de los derechos de los trabajadores.

A pesar de la legislación vigente que la prohíbe, la subcontratación, conocida como outsourcing, continúa siendo una práctica común. Este esquema complejo dificulta la identificación del verdadero empleador, perjudicando al trabajador al momento de reclamar sus derechos. La jueza Celis García destaca la importante labor de los juzgadores para "levantar el velo" de la subcontratación y vincular a todos los responsables, garantizando así la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Otro aspecto crucial es el desempeño de los abogados postulantes en materia laboral. Si bien la jueza Celis García evita generalizar, señala una "deficiencia" en su preparación, especialmente en lo que respecta a la oralidad. Esta falta de capacitación impacta directamente en la calidad de la defensa de los trabajadores y puede comprometer el éxito de sus reclamos. La transición al nuevo modelo de justicia laboral, con su énfasis en la oralidad, exige una actualización constante por parte de los profesionales del derecho.

La situación se complica aún más por la coexistencia del nuevo sistema con la Junta de Conciliación y Arbitraje, que aún no concluye sus labores. Esta dualidad genera una sobrecarga de trabajo para los abogados, quienes deben atender casos en ambos sistemas, lo que puede afectar la calidad de su desempeño.

Finalmente, la jueza Celis García subraya la importancia de la perspectiva de derechos humanos en la justicia laboral. Todas las decisiones deben estar imbuidas de este enfoque, garantizando la protección de los derechos de los trabajadores, incluyendo a las personas extranjeras, cuya presencia en el mercado laboral mexicano es cada vez más significativa debido al auge de la migración. El Estado mexicano tiene el deber de fortalecer los derechos laborales de todos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los trabajadores informales. El nuevo modelo de justicia laboral representa una oportunidad para consolidar un sistema más justo y equitativo, pero requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados para superar los desafíos y consolidar un verdadero cambio en la cultura laboral.