La reciente polémica en torno a la supuesta entrega de datos biométricos del Instituto Nacional Electoral (INE) al gobierno federal para el proyecto de "CURP biométrica" ha generado una ola de especulaciones y desinformación. Afortunadamente, las declaraciones del consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona han arrojado luz sobre este tema, aclarando la postura del INE y desmintiendo las versiones que circulaban.

Espadas Ancona ha sido enfático: no existe ninguna solicitud por parte del gobierno, ni mucho menos un mandato legal, que obligue al INE a compartir la información biométrica de los ciudadanos. Es importante recalcar la firmeza con la que el consejero ha defendido la reserva de estos datos, recordándonos que la información recabada por el INE tiene una finalidad específica: garantizar el ejercicio del derecho al voto y la identificación oficial de los mexicanos. No se trata de un capricho burocrático, sino de un compromiso con la ley y con la confianza que los ciudadanos han depositado en la institución.

Imaginemos por un momento las implicaciones de un manejo irresponsable de esta información. Los datos biométricos son extremadamente sensibles. Su uso indebido podría vulnerar la privacidad de millones de personas y abrir la puerta a potenciales abusos. Por ello, la cautela del INE no solo es justificada, sino absolutamente necesaria. El Instituto actúa como garante de la seguridad de nuestros datos, protegiéndolos de cualquier uso que no esté expresamente previsto por la ley.

Incluso en situaciones delicadas, como la búsqueda de personas desaparecidas, el INE no entrega directamente la información biométrica. Su colaboración se limita a cotejar los datos proporcionados por las autoridades con los que resguarda en su base de datos. Este procedimiento, aunque pueda parecer complejo, es crucial para mantener el equilibrio entre la necesidad de colaborar con la justicia y la obligación de proteger la privacidad de los ciudadanos.

La transparencia en este asunto es fundamental. Tanto la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, han coincidido en desmentir cualquier intención de transferir estos datos al gobierno. Esta unidad de criterios, proveniente de figuras clave en el panorama político nacional, refuerza la credibilidad del mensaje y tranquiliza a la ciudadanía.

Ahora bien, ¿qué pasaría si se intentara modificar la ley para permitir el acceso a esta información? El consejero Espadas Ancona ha expresado serias dudas sobre la viabilidad de una reforma de este tipo. Las protecciones legales en torno a la privacidad de los datos personales son robustas, y cualquier intento de debilitarlas enfrentaría importantes obstáculos jurídicos. No se trata simplemente de cambiar una ley, sino de respetar un derecho fundamental de todos los mexicanos.

Recordemos que el padrón electoral se ha construido gracias a la confianza de millones de ciudadanos que, voluntariamente, han proporcionado sus datos al INE. Traicionar esa confianza sería un error irreparable. El uso de esta información debe limitarse estrictamente a los propósitos previstos en la legislación electoral vigente. Es una cuestión de principios, de ética y de respeto a la ciudadanía.

En conclusión, la postura del INE es clara e inequívoca: los datos biométricos de los ciudadanos están seguros y no serán entregados al gobierno. La institución se mantiene firme en su compromiso de proteger la privacidad de la información y garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Es una noticia que nos debe tranquilizar a todos. La defensa de nuestros datos personales es una batalla constante, y en esta ocasión, el INE ha demostrado estar a la altura del desafío.