La sombra de la violencia contra la infancia se cierne pesada sobre San Luis Potosí. El reciente caso de Martín Gerardo “N”, condenado a más de 45 años por el feminicidio de una niña de apenas un año, nos confronta con la brutal realidad que enfrentan los más vulnerables. No solo el acto en sí, de una violencia inimaginable, sino la frialdad con la que obligó a la madre a participar en el macabro entierro, dibuja un panorama desolador y nos obliga a preguntarnos qué falla en nuestra sociedad para que se gesten semejantes monstruosidades. La rápida actuación de la Fiscalía, activando la Alerta Amber y logrando la detención del responsable, ofrece un pequeño consuelo, una muestra de que la justicia, aunque a veces lenta, puede llegar. Sin embargo, la condena, por más severa que sea, jamás podrá devolver la vida a la pequeña víctima ni borrar el trauma imborrable de su madre.

Este caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. La sustracción de menores, como la presunta perpetrada por Gonzalo “N” en la capital potosina, es otra cara de la misma moneda. El incumplimiento de los convenios de custodia, más allá de una disputa legal entre adultos, se convierte en una herramienta de manipulación y control que vulnera directamente los derechos de los niños. La angustia de una madre separada de su hijo, la incertidumbre sobre su bienestar, son heridas profundas que dejan cicatrices invisibles. La actuación de la PDI, al aprehender al presunto responsable, es un paso importante, pero también nos recuerda la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes que velan por la integridad de los menores.

Las cifras son alarmantes. 76 víctimas menores de edad en delitos solo en el primer trimestre de 2025 en San Luis Potosí, un número que grita la urgencia de actuar. Hombres y mujeres, expuestos a una violencia que les roba la infancia y les marca para siempre. Ante esta realidad, las reformas aprobadas por el Congreso estatal para tipificar el matrimonio infantil y la cohabitación forzada como delitos, con penas de hasta 15 años de prisión, son un avance significativo. Reconocer la gravedad de estas prácticas, que atentan contra el desarrollo integral de los niños y niñas, es un paso fundamental para erradicarlas.

La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, otra de las modificaciones aprobadas, es una medida crucial. El trauma de estos abusos puede persistir durante años, impidiendo a las víctimas denunciar por miedo o vergüenza. Con esta reforma, se abre una ventana de esperanza para que la justicia alcance a los agresores, sin importar el tiempo transcurrido.

Sin embargo, las leyes por sí solas no bastan. Necesitamos una transformación profunda, una cultura de respeto a la infancia que permee todos los ámbitos de la sociedad. Educación, prevención, atención integral a las víctimas y un compromiso real de las autoridades para aplicar las leyes con rigor, son piezas clave en este complejo rompecabezas. Solo así podremos construir un futuro donde la infancia sea sinónimo de protección, alegría y esperanza, y no de violencia, dolor e impunidad. El futuro de San Luis Potosí, y de México entero, depende de ello.