La escalada de precios en el mercado inmobiliario, tanto en renta como en compra, es un fenómeno que se replica en diversas ciudades de México, desde Saltillo y Monterrey hasta la Ciudad de México. Si bien en cada caso las particularidades varían –la llegada de trabajadores de otras regiones a las urbes industriales del norte o la afluencia de extranjeros con ingresos en dólares a la capital–, el problema de fondo es el mismo: la especulación inmobiliaria y la ausencia de regulaciones que protejan a los inquilinos y compradores.

Es fácil caer en la tentación de buscar culpables externos. En Monterrey se acuñan apodos despectivos para los migrantes internos, mientras que en la Ciudad de México se señala a los extranjeros. Este discurso, cargado de xenofobia, no solo es injusto y políticamente erróneo, sino que además desvía la atención del verdadero problema. La frustración es comprensible, pero dirigirla hacia el recién llegado no soluciona la crisis habitacional; al contrario, la agrava al fomentar la división y el resentimiento.

La raíz del problema reside en la lógica implacable del mercado inmobiliario desregulado. Cuando la demanda supera a la oferta y no existen mecanismos de control, los precios se disparan. El propietario, al ver la posibilidad de obtener mayores ganancias, elige naturalmente al inquilino que pueda pagar más, independientemente de su origen. Este fenómeno, conocido como "rent-gap", ilustra la brecha entre la renta actual y la renta potencial, una brecha que se ensancha a costa de la estabilidad de las comunidades.

Es imprescindible comprender que la vivienda no es un simple producto de mercado como el papel higiénico. Se trata de un derecho fundamental, esencial para el desarrollo personal y social. Por lo tanto, no puede estar sujeta a las mismas leyes de la oferta y la demanda. Es necesario implementar políticas públicas que regulen el mercado inmobiliario, limitando la especulación y protegiendo a los inquilinos de aumentos desproporcionados en las rentas.

Experiencias en ciudades europeas y norteamericanas demuestran la eficacia de medidas como topes a las rentas, impuestos a la vivienda desocupada y la promoción de vivienda pública asequible. Estas políticas, combinadas con una planificación urbana inteligente y la participación activa de las comunidades, pueden frenar la gentrificación y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.

En México, la construcción de vivienda pública en zonas bien conectadas, con acceso a servicios y transporte, es crucial para revitalizar barrios sin desplazar a sus habitantes. Además, se debe fomentar la organización comunitaria para exigir regulaciones más justas y una gestión responsable del territorio.

En lugar de alimentar la xenofobia y la división, debemos construir un frente común que defienda el derecho a la ciudad para todos. La hospitalidad, valor histórico de nuestra cultura, debe ser el cimiento de un pacto urbano que combine reglas claras para el mercado inmobiliario, inversión pública en vivienda y cooperación vecinal.

El verdadero antagonista no es el migrante ni el extranjero, sino la especulación inmobiliaria y las políticas que la permiten. Enfrentar este desafío requiere un cambio de paradigma, donde la vivienda se conciba como un derecho y no como una mercancía. Solo así podremos construir ciudades más justas, inclusivas y habitables para todos.