La sombra del huachicol, un fantasma que parecía desvanecerse, se cierne aún sobre México. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que inició con una declaratoria de guerra frontal contra este delito, culminó con un silencio inquietante. La tragedia de Tlahuelilpan, con sus 137 víctimas, sigue clamando justicia, mientras los responsables permanecen impunes. La promesa de erradicar el robo de combustible se esfumó, dejando un reguero de dudas y la persistencia de un mercado negro que operó, en muchos casos, con total impunidad. Empresas vinculadas al negocio, según las investigaciones, continuaron sus actividades sin enfrentar consecuencias legales significativas.

Este panorama contrasta con la estrategia implementada por la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ha priorizado una aproximación más coordinada y, al parecer, más efectiva. La mesa de análisis de "A Fuego Lento", en Heraldo Radio, reunió a expertos para diseccionar este complejo problema. Samuel León Sáez, investigador de la Universidad de Oxford especializado en mercados negros de combustibles, y Hugo Rojas Silva, experto en temas hídricos y exdirector de la ANEAS, ofrecieron un análisis profundo y revelador.

León Sáez describió la situación que enfrentó el gobierno de López Obrador en 2018: un mercado negro de combustibles hiperactivo. La respuesta fue drástica: el cierre de ductos estratégicos. Esta medida, si bien buscaba cortar de raíz el suministro a los huachicoleros, provocó un desabasto histórico de combustible en al menos 16 estados del país a principios de 2019. Millones de mexicanos se vieron afectados por la escasez de gasolina, haciendo largas filas en las estaciones de servicio y sufriendo las consecuencias económicas de la paralización del transporte. Si bien se reportó una disminución del 6% en el robo de combustible, según León Sáez, el costo económico de esta estrategia superó con creces las pérdidas originales. El investigador incluso apunta a una cifra alarmante: un faltante de 5,800 millones de barriles en 2019, muy por encima de los 1.8 millones reportados oficialmente por Pemex.

La pandemia, lejos de frenar el mercado negro, lo transformó. A partir de 2020, se detectó un incremento inusual en la importación de aceites base y lubricantes, una ingeniosa estrategia para introducir gasolina y diésel sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Provenientes principalmente de Texas, estos productos permitían a los delincuentes obtener una ventaja del 40% frente al mercado formal. La respuesta de las autoridades mexicanas, según León Sáez, fue tardía, y solo la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que denunció la magnitud del problema y su vínculo con redes criminales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, puso el foco sobre esta nueva modalidad de huachicol.

La llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, según el investigador, ha marcado un cambio de enfoque. Se percibe una mayor voluntad política y una visión más sofisticada para combatir las redes criminales que controlan sectores estratégicos como el del combustible.

El huachicol, sin embargo, no se limita al combustible. Hugo Rojas Silva, en su intervención, alertó sobre la magnitud del "huachicol de agua", un problema mucho más extendido de lo que se reconoce oficialmente. Las 150 mil tomas clandestinas que se registran anualmente, según Rojas Silva, son solo la punta del iceberg. En grandes urbes como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, el número de tomas ilegales podría ser igual o incluso superior. Desde quienes abren un ducto para vender agua, hasta quienes perforan pozos ilegales en sus propiedades, todos participan en este delito, alimentado por la falta de supervisión de las autoridades y la ausencia de tecnología de medición que permita un control efectivo del recurso.

Si bien las grandes ciudades concentran un mayor número de tomas clandestinas, en términos de volumen robado, las zonas rurales y poco urbanizadas representan el mayor desafío. La baja densidad poblacional y la escasa vigilancia facilitan estas prácticas ilegales. Para combatir el huachicol de agua, Rojas Silva propone, como primera medida, la implementación de sistemas de medición que permitan cuantificar las pérdidas y, a partir de ahí, diseñar estrategias efectivas para controlar este recurso vital. El agua, al igual que el combustible, se ha convertido en un botín preciado para la delincuencia, y la lucha por su control requiere un compromiso real y una acción coordinada de todos los sectores de la sociedad.