La sombra de la irregularidad ha pesado durante décadas sobre el transporte público del Estado de México. Un laberinto de 700,000 rutas, de las cuales apenas 150,000 operan bajo el amparo de la legalidad, dibuja un panorama de precariedad y riesgo para los usuarios. El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, ha destapado la caja de Pandora al revelar que durante años el transporte público ha sido utilizado como una herramienta de control político, dejando en segundo plano la seguridad y el bienestar de los mexiquenses. Con la llegada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se inicia una nueva era: la depuración del sector. No se trata de una simple limpieza superficial, sino de una cirugía mayor para extirpar el tumor de la ilegalidad que ha permeado en el sistema.

La revocación de cuatro concesiones y el proceso de cancelación de 16 más son apenas el primer paso de esta ambiciosa tarea. Sibaja González no ha dudado en advertir que se presentarán denuncias penales contra aquellos que operen al margen de la ley. La impunidad, que durante tanto tiempo ha reinado en este sector, está llegando a su fin. El mensaje es claro: el Estado de México ya no será un terreno fértil para el transporte irregular.

La firmeza de las acciones emprendidas por la administración actual contrasta con la laxitud del pasado. La huida de los choferes tras un accidente, amparados por la complicidad de los concesionarios, ya no será tolerada. La revocación inmediata de la concesión será la consecuencia ineludible de esta práctica. Se acabaron los tiempos en que la responsabilidad se diluía en la maraña de la informalidad.

Esta nueva política de cero tolerancia no se limita a la persecución de lo ilegal, sino que también busca sentar las bases para un transporte público digno y seguro. La decisión de no otorgar nuevas concesiones hasta que se ordene el sistema existente, abandonado por más de 70 años, demuestra la voluntad de atacar el problema de raíz. No se trata de parches temporales, sino de una transformación profunda que garantice la movilidad de los mexiquenses en condiciones óptimas.

El camino hacia la regularización del transporte público en el Estado de México no será fácil. Se enfrentarán resistencias, presiones e intereses arraigados. Sin embargo, la determinación del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, encabezado en este sector por Daniel Sibaja González, augura un cambio real. La ciudadanía, cansada de la inseguridad y la precariedad, espera con ansias los resultados de esta cruzada por la legalidad y la eficiencia en el transporte público. El tiempo dirá si esta nueva estrategia logra sanear un sistema que durante décadas ha estado sumido en el caos y la corrupción. La esperanza, sin embargo, está sembrada.