La opacidad en la información educativa nos deja a ciegas ante el futuro del país. Imaginen un barco navegando sin cartas ni brújula, a merced de las corrientes y sin un destino claro. Así se siente el sistema educativo mexicano sin la información actualizada y confiable del SIGED. Dejar de considerarla de interés nacional es como renunciar a comprender la realidad de nuestra educación, un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación.

Más allá de tecnicismos y normativas, estamos hablando del derecho a la educación de casi 35 millones de estudiantes. ¿Cómo podemos garantizar este derecho si no sabemos cuántos niños y niñas acceden a la escuela, cuántos la abandonan, qué necesidades específicas tienen o qué resultados estamos obteniendo? Planear, organizar y evaluar un sistema tan complejo como el nuestro requiere datos precisos, y el SIGED era la herramienta clave para obtenerlos.

La preocupación no es solo de las autoridades o de los padres de familia, sino de toda la ciudadanía. Un sistema educativo sólido es la base de una sociedad próspera y equitativa. Sin información, ¿cómo podemos exigir rendición de cuentas? ¿Cómo podemos participar en la construcción de un futuro mejor para nuestros hijos e hijas?

La justificación de los cambios normativos de 2019 suena a excusa. La eliminación del Servicio Profesional Docente, la suspensión de PLANEA y la liquidación del INIFED no deberían significar la renuncia a la transparencia y la rendición de cuentas. Al contrario, en momentos de transformación, la información se vuelve aún más crucial para evaluar el impacto de las políticas públicas y corregir el rumbo si es necesario.

La demora en la publicación de datos sobre alumnos, docentes, escuelas e indicadores educativos es una señal de alarma. No podemos permitir que la opacidad se instale en un sector tan vital como la educación. Necesitamos saber qué está funcionando y qué no, dónde están las brechas y cómo podemos cerrarlas. Necesitamos datos para tomar decisiones informadas, para diseñar estrategias efectivas y para garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad.

La propuesta de clasificar la información del Formato 911 como de interés nacional es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Necesitamos un compromiso real por parte de la SEP para recopilar, actualizar y difundir información completa y accesible a toda la ciudadanía. La educación no puede ser un asunto de unos pocos, es un derecho de todos y un deber de todos velar por su calidad. Exijamos transparencia, exijamos datos, exijamos un sistema educativo a la altura de las necesidades del siglo XXI. El futuro de México está en juego.

La ausencia de datos actualizados nos impide conocer la realidad de la deserción escolar, un problema grave que afecta a miles de niños y niñas en nuestro país. ¿Cuántos estudiantes abandonaron la escuela durante el ciclo escolar 2024-2025? No lo sabemos. Y sin esa información, ¿cómo podemos diseñar estrategias para prevenir la deserción y garantizar que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de completar su educación? La falta de datos nos ata las manos y nos impide actuar con eficacia.

Además, la opacidad en la información dificulta la participación ciudadana en la construcción de un sistema educativo más justo y equitativo. ¿Cómo podemos involucrarnos en la toma de decisiones si no tenemos acceso a la información relevante? La transparencia es fundamental para fomentar la participación ciudadana y construir un sistema educativo que responda a las necesidades de todos.

Es urgente que la SEP reconsidere su postura y vuelva a priorizar la recopilación y difusión de información educativa. No podemos permitir que la opacidad se convierta en la norma. La educación es un derecho fundamental y la información es una herramienta esencial para garantizar su ejercicio pleno. El futuro de México depende de la calidad de su educación, y la calidad de la educación depende, en gran medida, de la transparencia y la disponibilidad de información confiable y actualizada.