La sombra de la censura se cierne sobre Puebla, y con ella, una amenaza a la libertad de expresión que resuena en todo México. La reciente reforma al Código Penal, con la introducción del artículo 480, disfrazada bajo el nombre de "Ley contra el Ciberasedio", es en realidad un instrumento de represión diseñado para silenciar las voces críticas. No se trata de un error legislativo, sino de una estrategia deliberada para acallar la disidencia. La prueba irrefutable es la génesis misma de esta ley: una respuesta directa a una cuenta de redes sociales que incomodaba al poder.

La modificación posterior, lejos de corregir el problema, lo maquilla. Se intenta aparentar respeto a las libertades mientras se mantiene la esencia punitiva contra la crítica. El concepto de "ofensa" sigue siendo un terreno vago y subjetivo, susceptible a la manipulación del poder. Con leyes ambiguas, la justicia se convierte en un arma arrojadiza.

Esta ley no solo viola principios constitucionales como la legalidad penal y la presunción de inocencia, sino que sienta un precedente peligroso para la democracia. No protege a las víctimas, sino que blinda al poder de la rendición de cuentas. La voz de la ciudadanía, de periodistas, activistas y organizaciones civiles, se alza en un clamor unánime: el derecho a opinar, a disentir, a cuestionar, está en juego.

El caso de Puebla no es un hecho aislado, sino un síntoma de un malestar nacional. En Sinaloa, Campeche, Veracruz, Sonora y Tamaulipas se repiten patrones similares de represión contra la libertad de expresión. Incluso a nivel federal, la aprobación de leyes que permiten suspender transmisiones sin control judicial evidencia el avance de la censura disfrazada de regulación.

La Corte Interamericana ha sido clara: la verdad no puede ser delito. Las redes sociales, convertidas en el nuevo ágora pública, son el espacio para la deliberación y la crítica. Quienes ejercen el poder deben estar sujetos al escrutinio público.

Ante esta amenaza, Acción Nacional no se queda de brazos cruzados. Hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad y puesto a disposición de la ciudadanía un modelo de amparo para defenderse legalmente. Es crucial que la sociedad se mantenga vigilante y activa en la defensa de sus derechos.

Esta situación pone a prueba al nuevo Poder Judicial de la Federación. Exigimos una postura clara: ¿Estará del lado de la Constitución y la ciudadanía, o del lado de la censura y el autoritarismo? No podemos normalizar la criminalización de la disidencia. El debate no puede ser sustituido por el miedo. Por eso, alzamos nuestra voz ante la Corte: no nos vamos a callar. No se trata solo de defender un derecho, se trata de defender la libertad misma.