La sombra de un nuevo arancel del 17% sobre el tomate mexicano, impuesta por Estados Unidos, se cierne amenazante sobre la economía nacional. Más allá de las declaraciones políticas, la realidad es que esta medida, orquestada por la administración estadounidense, golpea directamente el corazón del campo mexicano, poniendo en riesgo miles de empleos y millones de dólares en ingresos. No se trata simplemente de una disputa comercial más, sino de una amenaza tangible a la estabilidad económica de regiones enteras que dependen de la producción y exportación de este producto esencial en la dieta de ambos países.

La imposición de este arancel, justificada por Estados Unidos bajo el argumento de prácticas comerciales injustas, despierta la necesidad urgente de una respuesta estratégica por parte del gobierno mexicano. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la economía nacional sufre un embate de esta magnitud. Es imperativo ir más allá de la indignación y la retórica, y trazar un plan de acción concreto que proteja a nuestros productores y a la cadena productiva en su conjunto.

Imaginemos por un momento el impacto devastador en las comunidades agrícolas. Familias que dependen del cultivo del tomate, cuyo sustento se ve amenazado por una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia. El fantasma del desempleo acecha, la incertidumbre se apodera de los hogares y el futuro se presenta sombrío. No podemos permitir que la política internacional juegue con el pan de nuestros compatriotas.

La propuesta del diputado Téllez Hernández, de crear un sistema nacional de monitoreo de los efectos del arancel, es un primer paso crucial en la dirección correcta. La transparencia y el acceso a la información precisa son fundamentales para comprender la magnitud del problema y diseñar soluciones efectivas. Necesitamos datos concretos, cifras que nos permitan dimensionar el impacto real en las exportaciones, el empleo y la economía local.

Pero no podemos quedarnos solo en el monitoreo. Es necesario actuar con decisión y proactividad. La diplomacia debe ser nuestra principal herramienta. Exigir la activación de mecanismos de negociación con Estados Unidos para la suspensión o reducción del arancel es una obligación ineludible. Debemos defender los intereses de nuestros productores con firmeza y determinación, buscando un diálogo constructivo que beneficie a ambas naciones.

Al mismo tiempo, debemos explorar nuevas fronteras comerciales. Diversificar nuestros mercados de exportación es una estrategia clave para reducir la dependencia del mercado estadounidense y fortalecer nuestra posición en el panorama internacional. Buscar acuerdos con otros países, promover la internalización de empresas y fomentar la innovación en la producción son medidas que nos permitirán afrontar con mayor resiliencia los desafíos del comercio global.

La situación actual exige unidad y colaboración. Gobierno, productores, sector privado y sociedad civil debemos trabajar juntos para superar este obstáculo. El futuro de la industria del tomate, y de miles de familias mexicanas, depende de nuestra capacidad de respuesta. No podemos permitir que la imposición de un arancel injusto frene el desarrollo de nuestro país. Es momento de actuar con inteligencia, estrategia y determinación para proteger nuestra economía y asegurar un futuro próspero para todos.