La relación entre México y Estados Unidos, antaño un ejemplo de cooperación, aunque con sus claroscuros históricos, se encuentra en un punto de inflexión crítico. Desde la Segunda Guerra Mundial, la estabilidad de México ha sido una prioridad para Estados Unidos, entendiendo que un vecino inestable representaría una amenaza a su propia seguridad nacional. Esta premisa, que guió la política estadounidense durante décadas, incluso tolerando problemáticas como la corrupción y la violación de derechos humanos en territorio mexicano, se ha visto resquebrajada por una confluencia de factores internos y externos.

La firma del TLCAN, y posteriormente del T-MEC, consolidó la apuesta estadounidense por la estabilidad económica de México, visualizándolo como un ancla para el desarrollo regional y un aliado estratégico. Este periodo, que coincidió con la transición democrática en México, generó una creciente confianza entre ambos países, permitiendo márgenes de maniobra para el gobierno mexicano en sus relaciones con América Latina y en foros multilaterales. Sin embargo, este marco de entendimiento se está desmoronando.

La llegada de la administración Trump marcó un cambio radical en la política exterior estadounidense. La retórica de seguridad nacional se reconfiguró, identificando a México no como un socio, sino como una amenaza, principalmente debido a la expansión del crimen organizado y el flujo migratorio. Esta nueva narrativa, que clasifica a México como adversario, ha derivado en una política intervencionista y agresiva, caracterizada por amenazas, presiones y la imposición de aranceles.

Simultáneamente, México se ha debilitado por decisiones internas cuestionables. La desaparición de instituciones que brindaban certidumbre y facilitaban la cooperación con Estados Unidos, las reformas al Poder Judicial y la política energética –potencialmente violatorias del T-MEC–, el manejo de los flujos migratorios como instrumento de negociación, la política de seguridad que ha afectado la cooperación bilateral, y el creciente poder de los cárteles de la droga, son factores que han contribuido a la actual inestabilidad. A esto se suma la preocupante condescendencia de figuras políticas con miembros de su partido presuntamente vinculados al crimen organizado, un hecho que erosiona aún más la confianza y la capacidad de respuesta del Estado mexicano.

La humillación que ha sufrido el gobierno mexicano en repetidas ocasiones, a pesar de su discurso de “cabeza fría”, es evidente. El episodio de la imposición de aranceles por parte de la administración Trump, mientras una delegación mexicana se encontraba en el Departamento de Estado negociando un acuerdo global, ilustra la fragilidad de la posición mexicana y la falta de respeto por parte del gobierno estadounidense. La respuesta del gobierno mexicano, buscando minimizar el impacto del anuncio y asegurando que ya se encontraban en negociaciones, no hizo más que evidenciar la incapacidad para defender los intereses nacionales. Este tipo de reacciones, caracterizadas por la manipulación y la negación de la realidad, son un patrón recurrente en la actual administración, que prefiere construir una narrativa ficticia antes que enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

El futuro de la relación bilateral se presenta incierto. La combinación de una política exterior estadounidense agresiva y las decisiones internas erráticas del gobierno mexicano han creado un escenario de alta tensión y desconfianza. Es urgente un replanteamiento de la estrategia mexicana, que priorice el fortalecimiento de las instituciones, el combate a la corrupción y la construcción de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación genuina. De lo contrario, la espiral de desestabilización y dependencia seguirá profundizándose, con consecuencias devastadoras para ambos países.