
15 de julio de 2025 a las 18:05
Justicia o venganza: enfermera condenada
La historia de Nimisha Priya, una enfermera india que emigró a Yemen en busca de un futuro mejor, se ha transformado en una pesadilla que mantiene en vilo a su familia y ha despertado la solidaridad de miles de personas en India y el mundo. Su condena a muerte, programada inicialmente para julio de 2025 y posteriormente suspendida sin una nueva fecha definida, ha generado una ola de indignación y preocupación, poniendo de manifiesto las complejidades del sistema judicial yemení y la precaria situación de los trabajadores extranjeros en zonas de conflicto.
Nimisha llegó a Yemen en 2008 llena de ilusiones, con el objetivo de trabajar en un hospital privado en Saná. Su iniciativa y espíritu emprendedor la llevaron a asociarse con Talal Abdo Mahdi en 2015 para abrir una clínica. Sin embargo, esta decisión marcaría un punto de inflexión trágico en su vida. Debido a las restricciones legales que impiden a los extranjeros poseer centros médicos en Yemen, Nimisha se vio obligada a registrar la clínica a nombre de Mahdi. Lo que inicialmente parecía una solución práctica se convirtió en una trampa, pues según el testimonio de Nimisha y de personas cercanas a ella, Mahdi comenzó a abusar de su posición, sometiéndola a maltratos, amenazas y confiscando su pasaporte, impidiéndole así regresar a la India.
Atrapada en un país extranjero, bajo el yugo de un hombre que la explotaba y controlaba, Nimisha se vio forzada a tomar una decisión desesperada. En un intento por recuperar su pasaporte y escapar de su opresor, le administró sedantes a Mahdi. Su intención, según afirma, nunca fue matarlo, sino simplemente incapacitarlo temporalmente. Tragicamente, la dosis resultó letal. Presa del pánico y la desesperación, Nimisha intentó ocultar el cuerpo, desmembrándolo y ocultándolo en un tanque de agua. Este acto, comprensible desde la perspectiva del miedo y la desesperación, la condenó aún más ante la justicia yemení.
El descubrimiento del cuerpo por las autoridades y la posterior detención de Nimisha en la frontera desencadenaron un proceso judicial que ha sido cuestionado por diversas organizaciones internacionales. Acusada de asesinato premeditado, administración ilegal de medicamentos, desmembramiento del cuerpo e intento de ocultar pruebas, Nimisha fue condenada a muerte en 2018. A pesar de las apelaciones presentadas, la sentencia fue confirmada por el Consejo Supremo Judicial de Yemen en noviembre de 2023.
Desde entonces, se han desplegado numerosos esfuerzos para evitar la ejecución, centrándose en la posibilidad del "dinero de sangre", una práctica legal en Yemen que permite a la familia de la víctima perdonar al acusado a cambio de una compensación económica. Sin embargo, la familia de Mahdi se ha negado rotundamente a aceptar cualquier tipo de indemnización, cerrando así una posible vía para la liberación de Nimisha.
La falta de relaciones diplomáticas directas entre India y el gobierno de Yemen ha complicado aún más la situación, obstaculizando las gestiones diplomáticas y la intervención formal del gobierno indio. A pesar de estas dificultades, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India ha mantenido su apoyo a Nimisha, ofreciendo asistencia consular a través de canales no oficiales y colaborando con organizaciones humanitarias que buscan salvar su vida.
La sombra de la ejecución, que en Yemen puede llevarse a cabo mediante fusilamiento, lapidación o decapitación, se cierne sobre Nimisha. La incertidumbre sobre su futuro y la crueldad de los métodos de ejecución empleados en Yemen, han generado una creciente presión internacional para que se revise el caso y se conmute la pena de muerte. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado las irregularidades del proceso judicial y la inhumanidad de la pena capital, sumándose a las voces que claman por la justicia y la clemencia para Nimisha Priya. El tiempo corre en contra de esta enfermera india, atrapada en un laberinto legal y político, mientras la comunidad internacional espera una resolución que le permita regresar a casa con su familia.
Fuente: El Heraldo de México