La economía mexicana se encuentra en una encrucijada. La tormenta perfecta de desafíos internos y externos ha erosionado la confianza inversionista, frenando el dinamismo económico que el país necesita para prosperar. El panorama internacional, marcado por la guerra comercial y las tensiones geopolíticas, ha obligado a organismos como la OCDE a recortar drásticamente las proyecciones de crecimiento global, incluyendo las de México, que han caído a un preocupante 0.4%. Si bien este panorama externo es innegable, la verdadera raíz del problema, según la Encuesta de Expectativas del Sector Privado, se encuentra en el terreno nacional.

La inseguridad, la falta de Estado de Derecho, la impunidad y la corrupción, lastres históricos que siguen sin resolverse, se combinan con la ausencia de cambios estructurales profundos y una incertidumbre económica que paraliza la toma de decisiones. A este cóctel explosivo se suma el estrés financiero derivado de una elevada deuda pública y el aumento del riesgo país, agravado por la reciente intervención de tres entidades financieras. Las cifras del primer trimestre de 2025 son contundentes: una inversión total del 23% del PIB, con una caída estrepitosa del 24.4% en la inversión pública y una disminución del 4.4% en la privada. Si bien la Inversión Extranjera Directa (IED) se mantiene, menos del 8% corresponde a nuevas inversiones, lo que revela una preocupante falta de dinamismo.

Ante este panorama sombrío, urge un replanteamiento fundamental en la relación entre el gobierno y el sector privado. Es imperativo dejar atrás la confrontación y construir un frente común para reactivar la economía, atraer inversión y, sobre todo, reconstruir la confianza dañada tras las recientes reformas constitucionales y la elección judicial. Afortunadamente, se vislumbran algunas señales alentadoras. Tras el periodo de tensiones con la iniciativa privada, los actuales funcionarios parecen mostrar una mayor disposición al diálogo y la cooperación. Iniciativas como el Plan México abren la puerta a una colaboración más estrecha entre ambos sectores.

Sin embargo, la coyuntura actual, marcada por la reciente carta de Trump del 11 de julio, exige una respuesta más contundente. Es crucial que el vínculo entre gobierno y sector privado no solo deje de deteriorarse, sino que se fortalezca significativamente. En este sentido, es fundamental reconocer que las cúpulas empresariales no siempre representan la complejidad y diversidad del empresariado nacional. Con frecuencia, confunden la prudencia y la búsqueda de consensos con la sumisión, dejando sin voz a las preocupaciones y realidades de los actores económicos de diversas regiones y sectores.

Es hora de retomar la exitosa práctica del Cuarto de Junto, un mecanismo que durante más de 30 años ha demostrado su eficacia para facilitar acuerdos trascendentales como el TLCAN, el TLCUE y el T-MEC, convirtiéndose en un ejemplo a nivel mundial. Proponemos la creación de un Cuarto Nacional de Junto, un espacio representativo e incluyente que, más allá de los temas comerciales, participe activamente en el diseño de la política económica nacional, fomentando el desarrollo y construyendo, de la mano del gobierno, un futuro de prosperidad para todos los mexicanos.

Las amenazas, tanto internas como externas, son innegables. Ante esta realidad, la Presidenta debe rodearse de los mejores interlocutores, individuos con capacidad probada para impulsar el empleo, ampliar mercados y atraer inversiones. No podemos ignorar que muchos de los liderazgos empresariales actuales se encuentran desgastados y cuestionados, sin la capacidad de respuesta que las circunstancias demandan. Es momento de buscar nuevas voces, liderazgos frescos y comprometidos con el futuro del país. La esperanza, como la cordura, no debe abandonarnos ante el peligro, sino impulsarnos a buscar soluciones audaces y efectivas.