La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en un momento crucial para definir el futuro de los derechos indígenas en México. Las Controversias Constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, que involucran a comunidades mazahuas y p'urhépechas en Michoacán, representan una oportunidad histórica para consolidar el nuevo marco constitucional en materia de derechos colectivos. La decisión que se tome este martes 15 de julio trascenderá el ámbito jurídico y sentará un precedente fundamental para la relación entre el Estado mexicano y los pueblos originarios.

Estas controversias se originan en la resistencia de los municipios de Zitácuaro y Erongarícuaro a transferir el manejo directo de los recursos presupuestales a las comunidades indígenas de Crescencio Morales y Jarácuaro, respectivamente. Esta postura municipal choca frontalmente con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El artículo 2° de la Constitución, piedra angular de esta reforma, establece la obligación de la Federación, las entidades federativas y los municipios de asignar presupuestos que serán administrados directamente por estos pueblos.

La importancia de la resolución de la SCJN radica en la necesidad de interpretar y aplicar este nuevo marco constitucional. No se trata simplemente de una disputa por recursos, sino de un cambio de paradigma en la estructura del Estado mexicano. Se busca transitar de un modelo paternalista a uno basado en la igualdad, el respeto y la coordinación entre el Estado y los pueblos indígenas. La libre determinación y la autonomía financiera son pilares fundamentales para el bienestar y el desarrollo de estas comunidades.

El fallo de la SCJN debe ir más allá de la legalidad estricta y considerar el contexto histórico y social de los pueblos indígenas. Debe reconocer la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con ellos y la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen sus derechos. La asignación directa de recursos es un paso crucial para que las comunidades indígenas puedan ejercer su autonomía y decidir sobre su propio desarrollo.

La decisión de la SCJN tendrá un impacto significativo en la implementación del artículo 2° constitucional y sentará un precedente para futuros casos. Una resolución favorable a las comunidades indígenas no solo les permitirá administrar sus recursos, sino que también fortalecerá el reconocimiento de sus derechos colectivos y su participación en la toma de decisiones.

Es crucial que la SCJN se apegue al espíritu de la reforma constitucional y emita una sentencia que promueva la justicia y la igualdad para los pueblos indígenas. El principio juarista de “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie” debe aplicarse en su totalidad, reconociendo que la Constitución ahora ampara los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la autonomía financiera. La justicia para las comunidades de Crescencio Morales y Jarácuaro es un paso fundamental para construir un México más justo e incluyente para todos. El futuro de los derechos indígenas está en manos de la SCJN. Su decisión marcará un hito en la historia de México y definirá el camino hacia un verdadero reconocimiento y respeto de los pueblos originarios.