La noticia de que Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, herederos del imperio criminal de Joaquín "El Chapo" Guzmán, han contratado al abogado Jeffrey Lichtman, abre un nuevo capítulo en la saga del Cartel de Sinaloa. Lichtman, conocido por su agresiva defensa de figuras controvertidas, ya representa a otros dos hijos del Chapo, Joaquín y Ovidio, este último recientemente declarado culpable en Chicago tras un acuerdo negociado por el propio Lichtman. Esta estrategia legal, que concentra la defensa de los hermanos Guzmán en un solo abogado, plantea interrogantes fascinantes. ¿Busca la familia Guzmán unificar su frente legal para negociar un acuerdo global con las autoridades estadounidenses? ¿Es esta una señal de la creciente influencia de Lichtman dentro del cártel? La complejidad del caso se amplifica al considerar que Lichtman también aconsejó la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, quien se encuentra en negociaciones para su propia declaración de culpabilidad.

La declaración de Ovidio Guzmán ante la jueza Sharon Johnson Coleman, aceptando la representación simultánea de Lichtman para sus hermanos, sugiere una estrategia coordinada. Este aparente consenso familiar contrasta con la imagen fragmentada que a menudo se proyecta del Cartel de Sinaloa, plagado de disputas internas por el poder. La figura de Lichtman emerge como un posible factor unificador, un estratega legal que podría estar orquestando una defensa conjunta para minimizar las consecuencias para la familia Guzmán. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. La concentración de la defensa en un solo abogado podría ser un punto vulnerable si las autoridades estadounidenses deciden presionar con cargos más severos o si surgen conflictos de interés entre los hermanos.

La controversia se intensifica con la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha anunciado una demanda por difamación contra Lichtman tras ser acusada por el abogado de ser "el brazo de relaciones públicas de una organización del narcotráfico". Esta acusación, lanzada a través de la red social X, añade una dimensión política al caso y pone de manifiesto las tensiones entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. La demanda de Sheinbaum no solo busca defender su imagen, sino también marcar una postura firme frente a las declaraciones del abogado de una figura clave del narcotráfico. Este enfrentamiento legal promete ser un espectáculo mediático y podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales.

La designación de Lichtman como defensor de los hermanos Guzmán plantea interrogantes cruciales sobre el futuro del Cartel de Sinaloa. ¿Logrará el abogado negociar acuerdos favorables para sus clientes, minimizando las condenas y preservando la estructura del cártel? ¿O las autoridades estadounidenses utilizarán la información obtenida a través de las declaraciones de culpabilidad para desmantelar la organización criminal? La respuesta a estas preguntas determinará el destino de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y el impacto de sus actividades en la seguridad regional. Mientras tanto, la batalla legal y mediática entre Lichtman y Sheinbaum promete mantener la atención pública en vilo, añadiendo un nuevo capítulo a la compleja historia del narcotráfico en México. El hecho de que el gobierno de Donald Trump haya designado al Cartel de Sinaloa como organización terrorista, mientras se negocia con uno de sus líderes, añade una capa de complejidad a la situación y plantea interrogantes sobre la coherencia de la política antidrogas estadounidense. ¿Se prioriza la obtención de información sobre la desarticulación de la organización? ¿Qué implicaciones tiene esta aparente contradicción para la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional?