El clamor que resonó en las calles de la Roma y la Condesa, epicentros de la primera gran protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México, no puede ser ignorado. El mensaje es claro y contundente: el desplazamiento forzado por el encarecimiento de la vivienda es una herida abierta en el tejido social, una situación insostenible que exige soluciones inmediatas. Mientras algunos medios, con una evidente inclinación hacia los intereses inmobiliarios, intentan minimizar la problemática y desviar la atención hacia incidentes aislados, la realidad es mucho más profunda y compleja. No se trata simplemente de la presencia de extranjeros o del auge de plataformas como Airbnb, temas que, por cierto, ya han sido abordados por la Cuarta Transformación. La raíz del problema se encuentra en la especulación inmobiliaria, un monstruo alimentado por el modelo neoliberal que durante décadas entregó las ciudades al apetito voraz del capital.

Este modelo, que prioriza las ganancias por encima del bienestar social, ha generado consecuencias devastadoras: familias enteras arrancadas de sus hogares, un incremento desproporcionado en el costo de la vida, la pérdida irreparable de la identidad barrial, la erosión de las tradiciones culturales y la fragmentación del tejido comunitario. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al respecto: no hay cabida para la xenofobia, la discriminación ni la corrupción urbanística. Su postura, clara y firme, reconoce que la gentrificación no es un fenómeno fortuito, sino el resultado directo del crecimiento descontrolado de desarrollos de lujo que inflan artificialmente el valor de ciertas zonas de la ciudad.

El compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el desarrollo de un plan integral para combatir este fenómeno desde su origen, es alentador. Regular los cambios de uso de suelo, contener los aumentos desmedidos de renta, continuar con la construcción de vivienda social bien ubicada y, sobre todo, proteger el derecho de los habitantes a permanecer en sus colonias, son medidas cruciales para revertir esta tendencia. En la capital, este silencioso proceso de despojo lleva años extendiéndose. Lo que a menudo se disfraza como "revitalización" no es más que la antesala de la expulsión. Fondos privados y constructoras, con la complicidad de juzgadores corruptos, se apropian de barrios enteros, ocultando sus verdaderos intereses tras un lenguaje urbano-chic.

Los efectos son palpables y dolorosos: los negocios de toda la vida bajan sus cortinas para siempre, los talleres artesanales desaparecen, las entrañables tienditas y fondas son reemplazadas por bares y restaurantes de lujo, cafeterías gourmet, y las rentas se disparan a niveles inalcanzables para las familias trabajadoras. Las comunidades se desintegran, el arraigo se desvanece, y donde antes florecía la diversidad económica, cultural y generacional, ahora reina la exclusividad y el elitismo. Los espacios públicos, poco a poco, se privatizan de facto, negando el acceso a quienes siempre los habitaron.

Las políticas neoliberales de vivienda, que durante décadas promovieron la urbanización periférica, la especulación y la flexibilización de las normas de construcción, son las responsables de esta realidad. Mientras las ciudades crecían desmesuradamente hacia la periferia, en el centro se marginaba y expulsaba a los sectores más vulnerables. El ambicioso plan de vivienda social impulsado por Clara Brugada, enfocado en la construcción de viviendas dentro de las zonas laborales de la ciudad, y no en los márgenes, representa una esperanza. Su objetivo es claro: que los trabajadores puedan vivir cerca de sus empleos, con acceso a transporte público y todos los servicios necesarios, un contraste radical con la política de gobiernos anteriores que construyeron viviendas aisladas e inhabitables, lejos de las oportunidades.

Enfrentar la gentrificación requiere de reformas legales, políticas públicas activas y, fundamentalmente, la voluntad política para frenar el poder del dinero y defender el derecho a la ciudad. Como han señalado Sheinbaum y Brugada, la Ciudad de México debe ser una metrópoli incluyente, donde prevalezca la justicia territorial, la memoria comunitaria y el arraigo social. La ciudad no se vende, se defiende.