La seguridad, un tema que resuena en cada hogar, en cada conversación familiar. Nos preocupa, y con razón, cómo un delito puede trastocar nuestras vidas, arrebatarnos la tranquilidad y poner en peligro a quienes más amamos. Los delitos de alto impacto, una sombra que se cierne sobre la sociedad, exigen una respuesta contundente, una acción decidida por parte de las autoridades. Pero, ¿qué son exactamente estos delitos que tanto nos inquietan? No son simples infracciones, sino actos que vulneran los pilares de nuestra convivencia: la vida, la salud, la propiedad. Su impacto trasciende lo individual, generando una onda expansiva de inseguridad que afecta a toda la comunidad.

Pensemos en el homicidio, en las lesiones infligidas con la frialdad del acero, en el feminicidio, una lacra que nos desgarra como sociedad. La trata de personas, un negocio criminal que se alimenta de la vulnerabilidad, la violación, que deja cicatrices imborrables en el alma, el secuestro, que nos roba la libertad y nos sume en la angustia. A estos se suman los delitos que atentan contra nuestro patrimonio, fruto del esfuerzo y el trabajo: la extorsión, que nos somete al miedo y la amenaza, los robos con violencia, que nos despojan de nuestros bienes y nos dejan con la sensación de vulnerabilidad. Robos a vehículos, a casas habitación, a negocios, al transporte público, al transeúnte, al transportista, cada uno de ellos una historia de pérdida y desasosiego.

Si bien la percepción ciudadana a menudo nos habla de un largo camino por recorrer, los datos, los fríos números, empiezan a mostrar destellos de esperanza. Las autoridades capitalinas, con la Jefa de Gobierno a la cabeza, han presentado cifras alentadoras: una reducción del 10% en los delitos de alto impacto en el primer semestre de 2025, comparado con el mismo período del año anterior. Más aún, las judicializaciones, esas investigaciones que llegan a los tribunales, han aumentado un 21.6% en casos graves. Un dato que no podemos pasar por alto: la detención de más de cinco mil personas por delitos de alto impacto, la desarticulación de células criminales y la captura de generadores de violencia, son pasos firmes en la dirección correcta.

A nivel federal, el panorama también muestra avances. La detención de miles de personas relacionadas con delitos de alto impacto, el aseguramiento de armas de fuego y toneladas de droga, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, son acciones que, si bien no son motivo para cantar victoria, sí demuestran un compromiso real en el combate a la delincuencia.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la propuesta de una Ley General que permita perseguir este delito de oficio, sin necesidad de denuncia previa, es un paso crucial para proteger a las víctimas y desmantelar las redes criminales que se lucran del miedo.

La lucha contra los delitos de alto impacto es un pilar fundamental en la construcción de un país más seguro. No solo se trata de reducir las cifras, sino de sanar las heridas que la violencia deja en el tejido social, de reconstruir la confianza en las instituciones y de devolver la tranquilidad a las familias mexicanas. El seguimiento constante de estos delitos, el análisis de las tendencias y la implementación de políticas públicas efectivas, son herramientas esenciales para prevenir la violencia y construir un futuro donde la seguridad sea un derecho garantizado para todos. El camino es largo, pero la perseverancia, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la participación ciudadana, son las claves para alcanzar la meta. La seguridad no es un privilegio, es un derecho que debemos defender con firmeza y convicción.