La tragedia en Sonora, donde tres pequeñas hermanas fueron brutalmente arrebatadas de este mundo, nos golpea con la crudeza de una realidad que se niega a desaparecer. La indignación inicial, comprensible y necesaria, se desvanece con la misma rapidez con la que aparece, tragada por la vorágine de un país donde la violencia se ha convertido en una siniestra normalidad. Nos hemos acostumbrado a leer titulares desgarradores, a escuchar cifras escalofriantes que se convierten en meras estadísticas. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Cómo hemos llegado al punto de normalizar el sufrimiento de los más vulnerables, de nuestras niñas y niños, cuyo futuro se ve truncado por la barbarie?

El panorama es desolador. México, según la OCDE, encabeza la producción y distribución de pornografía infantil. Imaginen la magnitud de este horror: infancias robadas, cuerpos convertidos en mercancía, almas destrozadas por la perversión de adultos sin escrúpulos. Y no se trata solo de las mafias, la tragedia también se esconde dentro de los hogares, donde la familia, supuesto refugio de amor y protección, se convierte en el escenario de la peor pesadilla. El trabajo forzado, el reclutamiento criminal, la violencia sexual… son solo algunas de las formas en que la inocencia es violentada, dejando cicatrices imborrables en el alma de quienes logran sobrevivir.

Las cifras de REDIM son alarmantes: 966 homicidios de menores de 17 años en 2024, un aumento del 7.2% respecto al año anterior. Ocho de cada diez asesinatos cometidos con arma de fuego, una muestra inequívoca de la participación del crimen organizado en esta tragedia. Guanajuato, Michoacán y el Estado de México concentran el 30% de los infanticidios, un reflejo de la profunda crisis de inseguridad que azota al país y que afecta de manera desproporcionada a la población infantil. Hasta mayo de este año, se registran 3,610 casos, una tendencia que se mantiene constante en los últimos dos años, bajo un gobierno que ha reducido el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a una simple dirección en Gobernación. ¿Es esta la importancia que se le da a la protección de la infancia?

No podemos seguir pensando que la seguridad pública es la única solución. La problemática es mucho más profunda y requiere una atención integral que abarque todos los aspectos de la vida de las niñas y niños. La salud, por ejemplo, es un tema crucial. El 38% de los niños evaluados en escuelas padecen diabetes, una cifra alarmante que nos habla de la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas en la prevención y atención de enfermedades crónicas. Debemos dejar atrás la visión adultocéntrica que nos impide ver la realidad de la infancia y nos lleva a caminar en sentido contrario a sus necesidades.

Es urgente la creación de un órgano con la jerarquía necesaria, un instituto o secretaría, que se encargue de atender de manera integral al 30% de la población que representan los niños y niñas. Un organismo que convoque a todos los actores involucrados, desde secretarios y gobernadores hasta la CNDH, y que cuente con el respaldo y la participación activa del Presidente. Que la protección de la infancia sea una prioridad en la agenda nacional, no solo un discurso vacío.

El infanticidio no es un hecho aislado, es la expresión más brutal de la violencia que permea nuestra sociedad, del desprecio por la vida, de la normalización del horror. Es un grito desesperado que nos exige actuar, que nos interpela como sociedad y como individuos. ¿Acaso la infancia no le importa a este gobierno porque no vota? La respuesta, lamentablemente, parece obvia. No podemos seguir siendo cómplices con nuestro silencio. Es hora de alzar la voz, de exigir justicia, de construir un país donde las niñas y niños puedan vivir en paz, con seguridad y dignidad. Su futuro es nuestro futuro.