La histórica incautación de combustible ilícito en Coahuila, con más de 15 millones de litros asegurados, ha puesto bajo la lupa nacional la lucha contra el huachicol. Este decomiso, el mayor en lo que va del sexenio, no solo evidencia la sofisticación de las redes criminales, sino que también resalta la importancia de una estrategia integral de seguridad. Más allá de las cifras, este caso nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras y la necesidad de fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

El diputado Gerardo Aguado, al calificar a Coahuila como una "muralla institucional y operativa", abre un debate crucial: ¿es replicable el modelo de seguridad de este estado en otras regiones del país azotadas por el huachicol? La inversión millonaria en seguridad que menciona, los 3 mil 500 millones de pesos destinados en el último año, ¿es la clave del éxito o se requiere algo más? La participación coordinada del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía, junto con la tecnología e inteligencia estatal, sin duda dibujan un panorama de esfuerzo conjunto, pero ¿es suficiente para desmantelar por completo estas redes?

La logística empleada por los huachicoleros, con carrotanques camuflados en trenes de carga, documentación falsificada y rutas diseñadas para evadir controles carreteros, demuestra una planificación minuciosa. Esto nos lleva a cuestionar la responsabilidad de las empresas ferroviarias. ¿Están implementando los controles necesarios para evitar ser cómplices involuntarios de este delito? ¿Qué medidas deben tomar para reforzar la seguridad en sus operaciones y evitar que sus infraestructuras sean utilizadas para el transporte ilegal de combustible?

Si bien Coahuila se presenta como un ejemplo de éxito en el combate al huachicol, la comparación con entidades como Puebla o Tamaulipas, históricamente afectadas por la ordeña de ductos, nos invita a analizar las particularidades de cada región. Las estrategias deben adaptarse a las circunstancias locales, considerando las rutas de transporte, la presencia de grupos criminales y la corrupción que pueda facilitar estas actividades ilícitas.

Este decomiso, más que un simple operativo exitoso, es una oportunidad para desentrañar las complejas redes del huachicol. El modus operandi revelado, con el uso de trenes y la falsificación de documentos, proporciona información valiosa para las investigaciones. Ahora, el reto está en seguir el rastro del dinero, identificar a los líderes de estas organizaciones y desarticularlas desde la raíz. No basta con asegurar el combustible, es necesario desmantelar toda la estructura criminal que lo sustenta.

Finalmente, el llamado a la no politización del tema es fundamental. La seguridad debe ser una prioridad nacional que trascienda las diferencias ideológicas. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, sin importar su afiliación política, es esencial para combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. El modelo de Coahuila, con su combinación de tecnología, inversión y decisión política, puede ser un punto de partida para construir una estrategia nacional más efectiva contra el huachicol. El reto está en adaptarlo a las realidades de cada región y mantener la firmeza en su implementación. Solo así podremos proteger nuestro patrimonio y garantizar la seguridad de todos.