La crisis en la Policía de Investigación no es un secreto. Es una herida abierta que supura ineficiencia y que, lamentablemente, pocos se atreven a mirar de frente. Se habla de reformas, de grandes cambios en el sistema de justicia, pero ¿de qué sirve pintar la fachada si los cimientos se derrumban? Como si se tratara de una obra de teatro absurda, se nos presenta un escenario donde la justicia se busca, pero los encargados de encontrarla carecen de las herramientas, la capacitación y, en muchos casos, hasta de la voluntad para hacerlo.

Imaginemos por un momento la escena: un crimen se comete. Las luces se enfocan en la Policía de Investigación, los supuestos protagonistas de esta historia. Llegan al lugar de los hechos, ¿pero qué encuentran? Un equipo insuficiente, protocolos obsoletos y una carga de trabajo que aplasta cualquier intento de investigación profunda. La presión por cerrar casos, la falta de recursos y la desesperación se convierten en un caldo de cultivo para la negligencia, la corrupción y, en última instancia, la impunidad.

No se trata solo de números, aunque las cifras son escalofriantes. Miles de carpetas de investigación se acumulan en los escritorios, mientras que un puñado de agentes intenta, contra viento y marea, resolverlas. Es una tarea titánica, casi imposible, que convierte la búsqueda de justicia en una carrera contra el tiempo, una carrera que, en la mayoría de los casos, se pierde antes de empezar.

La falta de formación es otro factor clave en esta ecuación. No basta con la buena voluntad, se necesita conocimiento, se requiere una formación constante en criminalística, en derechos humanos, en las complejidades del sistema penal. Un policía de investigación no es un simple recolector de datos, es un eslabón fundamental en la cadena de justicia, y su labor requiere precisión, rigor y un profundo conocimiento de la ley.

Y mientras tanto, el juego de las culpas continúa. El Ministerio Público señala al juez, el juez al asesor jurídico, y el asesor, finalmente, al policía. Un círculo vicioso que perpetúa la ineficiencia y que deja a las víctimas abandonadas a su suerte.

La solución, aunque compleja, no es imposible. Requiere una inversión real en la Policía de Investigación, no solo en recursos materiales, sino también en capacitación y en la creación de protocolos claros y eficientes. Se necesita una reestructuración profunda que dignifique la labor de estos agentes y les proporcione las herramientas necesarias para realizar su trabajo de manera eficaz.

El caso del General Miguel Ángel López Martínez y las acusaciones contra Hernández Bermúdez Requena, con la supuesta implicación del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, nos muestra cómo las redes de poder y la corrupción pueden tejer una telaraña de impunidad que atrapa a todos, incluso a aquellos que deberían velar por la justicia. Este caso, como tantos otros, pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las instituciones y de dotar a la Policía de Investigación de la autonomía y los recursos necesarios para combatir la delincuencia sin presiones políticas.

No podemos seguir ignorando la realidad. La Policía de Investigación es el pilar fundamental del sistema de justicia, y su debilitamiento nos condena a todos. Sin una investigación sólida, la justicia se convierte en una quimera, una promesa vacía que solo beneficia a quienes se esconden en las sombras de la impunidad. Es hora de mirar hacia las entrañas del sistema, de reconocer la importancia de la Policía de Investigación y de invertir en su fortalecimiento. Solo así podremos construir un sistema de justicia que sea digno de su nombre.