La tendencia a la baja en los delitos de alto impacto en México ofrece un respiro a la ciudadanía y confirma la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas. La reducción del 24.5% en homicidios dolosos, alcanzando mínimos históricos desde 2016, es una noticia alentadora que refleja el esfuerzo conjunto de las autoridades. Este descenso, aunado a la disminución en secuestros (46.8%), feminicidios (29.5%), robo a casa habitación (30.7%), robo a transeúnte (37.9%) y robo en transporte público (48.8%), pinta un panorama de mayor seguridad en el país. No podemos olvidar la disminución en lesiones dolosas (–23.4%), robo a transportistas (–45.6%) y robo a negocios (–24.6%), consolidando una baja general del 20.2% en delitos de alto impacto en el último año y un impresionante 44.3% comparado con 2018. Estos datos no son fruto de la casualidad, sino del trabajo coordinado entre la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, fiscalías y policías locales, un despliegue territorial estratégico que ha resultado en más de 25 mil detenciones, el desmantelamiento de 1,168 laboratorios clandestinos y el decomiso de armas, drogas e hidrocarburos robados. El descenso del 33.5% en el robo de vehículos con violencia, comparado con octubre de 2024, y del 45.6% respecto a 2018, es un indicador clave del éxito de las políticas de prevención y disuasión del delito. Sin embargo, el panorama no está exento de desafíos. La extorsión, con un incremento del 27.7%, se erige como la principal amenaza a la seguridad. La hipótesis de la sustitución de actividades delictivas, donde la delincuencia organizada migra hacia la extorsión como fuente de ingresos ante la pérdida de ganancias en el narcotráfico, la venta ilegal de combustibles y el robo al transporte público, requiere una atención inmediata y contundente. La concentración del 66% de las carpetas de investigación por extorsión en ocho entidades (Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero) exige una estrategia focalizada que aborde las modalidades presencial, telefónica y digital de este delito. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consciente de la gravedad de la situación, ha instado al gabinete de seguridad a redoblar esfuerzos para combatir la extorsión. La cancelación de líneas telefónicas, el congelamiento de cuentas por parte de la UIF, la operación del número 089 para denuncias anónimas y el despliegue de células de inteligencia son algunas de las medidas que se están implementando para frenar este flagelo. Es fundamental que la ciudadanía participe activamente en la denuncia de la extorsión, aprovechando las herramientas disponibles y confiando en las autoridades. Finalmente, la iniciativa de las Comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y el Senado de organizar conferencias sobre Seguridad Nacional en colaboración con el Colegio de Defensa Nacional (https://tinyurl.com/2mvxhh39 y https://tinyurl.com/khthxuv4) demuestra el compromiso del gobierno con la construcción de un México más seguro. Este espacio de diálogo y análisis contribuirá a fortalecer las estrategias de seguridad y a generar soluciones a largo plazo. La lucha contra la delincuencia es una tarea de todos, y la participación ciudadana, junto con el compromiso de las autoridades, es fundamental para alcanzar la paz y la tranquilidad que todos anhelamos.