La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la no protección por derechos de autor de las obras generadas exclusivamente por Inteligencia Artificial (IA) abre un debate crucial que trasciende el ámbito jurídico y nos obliga a repensar la propiedad intelectual, la privacidad de datos e incluso la responsabilidad en la era digital. La Corte, al interpretar la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), ha determinado que estas obras, al no ser producto del ingenio humano, entran en el dominio público. Si bien esto podría parecer un triunfo para el acceso libre al conocimiento, genera una serie de interrogantes que deben ser abordadas con urgencia.

¿Quién es responsable cuando una obra generada por IA se utiliza para fines ilícitos, como la desinformación o la difamación? ¿Acaso podemos atribuirle responsabilidad a la máquina? La respuesta, evidentemente, es compleja. Si bien la IA ejecuta la creación, es el ser humano quien la programa, la diseña y la alimenta con datos. Es decir, la tecnología, sin la intervención humana, no es más que un conjunto de algoritmos inertes. Por tanto, es fundamental establecer la responsabilidad del programador o usuario en el uso que se le da a estas herramientas.

Imaginemos el caso de una IA entrenada con datos personales obtenidos sin consentimiento, utilizada para crear contenido difamatorio. Si bien el resultado final es producto del algoritmo, la responsabilidad última recae en quien diseñó y operó el sistema. Este ejemplo ilustra la necesidad urgente de regulaciones que aborden la recopilación y el uso de datos en el entrenamiento de la IA, garantizando la transparencia y el respeto a la privacidad.

La decisión de la SCJN, aunque apegada a la normativa vigente, pone de manifiesto la obsolescencia del marco jurídico ante el avance vertiginoso de la tecnología. Nos encontramos ante un iceberg legal, donde solo la punta es visible. Necesitamos un nuevo marco normativo que no solo contemple los derechos de autor, sino que también proteja los derechos humanos en el contexto de la IA. Esto implica establecer principios rectores para el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de reparación del daño en caso de vulneración de derechos.

Debemos ser capaces de exigir explicaciones sobre el origen y la finalidad de las obras generadas por IA, especialmente cuando estas tienen el potencial de influir en la opinión pública, la investigación científica o la reputación de las personas. No podemos permitir que la falta de claridad normativa nos lleve a un escenario donde la tecnología opere sin control, con el riesgo de socavar los principios democráticos y los derechos fundamentales. La IA es una herramienta poderosa, pero su uso debe estar sujeto a reglas claras y a una supervisión que garantice el beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos de todos. El futuro de la IA depende de nuestra capacidad para adaptar el marco jurídico a esta nueva realidad y establecer los límites necesarios para un desarrollo ético y responsable.